El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha manifestado su rechazo al borrador de la ley de reforma de la Administración local y, en ese sentido, ha pedido que se "paralice" y se abra "un nuevo proceso que tenga en cuenta las necesidades" de los ayuntamientos y también de los ciudadanos.

Así lo afirmó este jueves en Vigo, después de haber participado en la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local celebrada el martes, y donde también aseguró haber detectado que hay "muchos grupos" de la FEMP que están "absolutamente disgustados" con el texto.

El socialista, quien aseguró que a día de hoy todavía no le ha sido entregado el borrador de la ley, denunció que el Gobierno "quiere que los ayuntamientos paguen a las comunidades" los servicios de educación y políticas sociales, para que las autonomías se encarguen de prestarlos.

En ese sentido, ha advertido de que, en el caso de Vigo, el dinero que dirija a la Administración gallega "no hay garantía de que revierta en la ciudad", lo cual achacó a "la experiencia" de "abandono" de la Xunta a la urbe.

El regidor también concretó que Vigo tendría que transferir a la Xunta 5 millones de euros en educación —cantidad que estimó teniendo en cuenta que el Ayuntamiento hasta ahora se encarga de la luz, limpieza, mantenimiento y los servicios de portería en colegios de primaria e infantil— e insistió en que la Xunta "podría emplear" ese dinero "en otros lugares".

Por otra parte, explicó que ayuntamientos del área viguesa como Nigrán, Mos, O Porriño y Baiona, entre otros, "va a ver cómo la Diputación se hace cargo de servicios" y, en ese sentido, destacó que serán prestados por "empresas privadas", que se "encarecerán" y que serán "peores".

Así, solicitó que la "la ley se paralice" y se inicie "un nuevo proceso" que "tenga en cuenta las necesidades de los ayuntamientos y también de los ciudadanos".