El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón continúa adelante con su objetivo de aportar soluciones en materia de vivienda. Por ello, el consejero del ramo, Rafael Fernández de Alarcón, se ha reunido con las entidades sociales con las que se tiene ya un convenio de colaboración para la gestión de proyectos dirigidos a colectivos de inclusión social en materia de vivienda.

Se trata de la Fundación La Caridad, la Fundación Rey Ardid, la Fundación para la Atención Integral del Menor-FAIM, la Fundación San Ezequiel Moreno, Red Aragonesa de Entidades Sociales, Cáritas, APIP, Kairós, Fundación Federico Ozanam, DFA, ACISJF-

In via, 2ª Vía de Acompañamiento Terapeútico Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, YMCA, Cruz Blanca, Asociación Aragonesa de Transplantados de Corazón 'Virgen del Pilar', Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón FAGA y Fundación Secretariado Gitano.

El encuentro se ha celebrado este miércoles en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, y también han asistido la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Belén Corcoy y la directora general del IASS, Cristina Gavín.

Fernández de Alarcón ha apuntado que "intentamos poner en servicio 800 viviendas. Creemos que serán suficientes, aunque no se disponen de datos reales de cuántos desahucios son de primera vivienda o en segunda o en locales. Por eso se ha aprobado el convenio con el Consejo General del Poder Judicial para conocer estas cifras que ellos necesitan elaborar", ha indicado.

La reunión de este miércoles se enmarca en la ronda de encuentros que está manteniendo el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes cara al desarrollo del Decreto para la creación de la red de bolsas de alquiler social que se está tramitando en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda.

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ha calificado de positivos estos encuentros. "Todos los que han estado tanto empresarios de la construcción, como banca o como algunas ONG, con las que ya hemos hablado, han entendido que el decreto es una apuesta adecuada, voluntaria que no fuerza a nadie, las cesiones de viviendas son voluntarias".

Ha agregado que "con los datos que tenemos creemos que nos aproximaremos a las cifras. No puedo decir ahora que tenemos las 800 viviendas disponibles, pero creo que ya podemos tener aseguradas más de la mitad, en este momento, antes de abrir esta convocatoria a todos los propietarios particulares de viviendas que también les puede interesar, de hecho de esos ya tenemos 60".

El Ejecutivo autonómico va a destinar unos 2,7 millones de euros para este proyecto de decreto —2 millones de euros para alquiler social y 700.000 para la nueva convocatoria de ayudas a inquilinos—.

El objetivo de este decreto, impulsado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, es proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que se encuentran en dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

El Gobierno aragonés garantizará a los cedentes de las viviendas el cobro de las rentas, la asistencia jurídica y la reparación de los desperfectos causados por el uso de las viviendas por los beneficiarios bien directamente o mediante la contratación de pólizas de seguro necesarias para cubrir esas contingencias.

También se hará cargo de la fianza arrendaticia que está obligado a abonar el arrendatario y hará un seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos.