El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, ha ahondado este domingo en sus objetivos después de que anunciaran la creación de un comité técnico para actualizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde julio de 2006, que pasan, según ha destacado, por cambiar "aquellos aspectos que puedan ser generadores de empleo y de renovación de la ciudad".

Y es que, según ha defendido Vílchez en un comunicado, el Plan General, que ya ha entrado en su séptimo año de vigencia, "fue concebido para una situación de bonanza económica y no para una situación de crisis económica donde el paro castiga duramente a la ciudad de Sevilla".

Así, el popular ha espetado al PSOE sus objeciones ante la instauración de ese comité técnico, toda vez que entiende que con esas consideraciones el Partido Socialista "se pone en evidencia porque está demostrando que quiere que la ciudad siga en el estado en el que se encuentra y que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, no pueda sacar adelante proyectos generadores de empleo que ayuden a salir de la situación de paro a miles de sevillanos".

Es más, a juicio del concejal de Urbanismo, "el PSOE en este caso sigue una política hipócrita porque tiende falsamente la mano cuando en realidad desde la Junta de Andalucía torpedea todos los proyectos de Zoido".

Los "bloqueos" de la junta

En este sentido, Vílchez se ha referido a la Gavidia donde el PSOE, según ha recordado, habló de construir un hotel aunque "nunca han presentado esa propuesta al Ayuntamiento" ya que, según asegura, "si la hubieran presentado, lógicamente se hubiera estudiado y puesto en marcha". "Y sin embargo desde las distintas consejerías se bloquea el proyecto de la Gavidia presentado por el Ayuntamiento y que permitiría generar más de 100 empleos directos y hacer y provocar que con la venta del edificio a su vez se hicieran otras actividades generadoras de empleo", afirma.

Igualmente, ha lamentado que el Ejecutivo andaluz "tenga bloqueado el proyecto de IKEA, poniendo mil trabas en el aspecto de las vías pecuarias". Y también que "tenga bloqueados" la construcción de aparcamientos por parte del Ayuntamiento de Sevilla "cuando antes, con el PSOE en el Gobierno, desde la Junta se autorizó la construcción de todos los aparcamientos planteados, incluso teniendo afección a bienes de interés cultural, cuando los planteados por nosotros no la tienen".

No obstante, el popular ha aseverado que el PSOE "no está legitimado" para hacer esas críticas cuando su política urbanística "se ha puesto en evidencia" cuando "el Tribunal Supremo anuló la normativa del Plan referida a la construcción de las Setas de la Encarnación y la licencia que concedieron a la Universidad de Sevilla para la construcción de la biblioteca en el Prado y que se ha tenido que demoler, o cuando la licencia de construcción de la Torre Pelly otorgada por el PSOE ha puesto en peligro la consideración de la Unesco sobre la conservación de los bienes como Patrimonio de la Humanidad en Sevilla".

Además, el concejal ha insistido en que también "en iniciativas mucho menos conocidas y de menos trascendencia, pero que forman parte del trabajo cotidiano de la Gerencia de Urbanismo, la Junta también están permanentemente obstaculizándolos".

Entretanto, Vílchez ha recordado que durante la elaboración del PGOU de 2006 "en ningún caso la oposición tuvo acceso a poder participar, al Partido Popular nunca se le dio oportunidad para participar", una situación que ha contrapuesto a que ahora "el estudio técnico se debatirá en la comisión de seguimiento del PGOU y allí podrá la oposición hacer las aportaciones que consideren oportunas".

"Si el gran proyecto y la gran aportación del Partido Socialista a la modificaciones del PGOU es sustituir la construcción de 350 viviendas, que tenía que hacer precisamente la Junta de Andalucía y que no hace, por la construcción de un parque, con ello el PSOE demuestra su carencia por completo de ideas y de proyectos para la ciudad de Sevilla", ha añadido el popular.

Por último edil de Urbanismo ha recordado que "las numerosas circunstancias, preferentemente de índole normativo y social-económico, acaecidas en los casi siete años transcurridos desde la aprobación definitiva del PGOU, han provocado que este instrumento normativo presente evidentes desajustes y limitaciones en sus planteamientos, que aconsejan la necesidad de una actualización del texto".