Evadir impuestos en España es muy fácil. Apenas hace falta mucho dinero sin declarar y un corresponsal de una filial de entidad financiera establecida en un paraíso fiscal. Le llamas, le das el dinero, y él lo ingresa (de forma legal) en una sucursal de tu banco localizada en un lugar opaco a la Hacienda española. A partir de entonces, para disponer de ese dinero se puede usar una simple tarjeta de crédito sin nombre. O más fácil: el propio banco te da un préstamo equivalente a la cantidad ingresada. Todo aparentemente legal, pero el contribuyente no paga lo que le toca.

Los inspectores de Hacienda españoles apuestan por incentivar la aparición de más listas Falciani en la que se delaten a los grandes defraudadores fiscales. Tanto es así que apuestan por regular el pago a confidentes (por medio de un fondo especialmente destinado para ello en la Agencia Tributaria) que aporten informaciones confidenciales que afloren o supongan la "recuperación de cuotas defraudadas", tal como ha explicado la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), durante la celebración de los XIII Encuentros Tributarios 2013.

Este particular espionaje tributario no es un nuevo invento. Prácticas como esta ya están permitidas en países de nuestro entorno: Alemania pagó 7,3 millones de euros a un empleado de banca de Liechtenstein para que le suministrara la información de cientos de evasores de impuestos alemanes. Este uso de la inteligencia se ampliaría con la posibilidad de que los inspectores actuaran de incógnito. Actualmente la ley les obliga a identificarse previamente.

Los responsables de la inspección tributaria, a la vista del grave problema de recaudación que sufre España durante esta crisis económica, han propuesto una batería de medidas para combatir el fraude (la economía sumergida representa alrededor del 20% del PIB, según diversos estudios) y los paraísos fiscales. Los inspectores proponen, por un lado, llegar a grandes acuerdos internacionales que, por ejemplo, ratifiquen el fin del secreto bancario acordado ya en 2009.

También en el ámbito exterior, los inspectores de Hacienda piden al Gobierno que presione para que Reino Unido reconsidere el acuerdo bilateral que mantiene con Suiza, y que permite mantener a este último el secreto bancario a cambio de pagar una determinada cantidad anual. Otra idea va encaminada a "generalizar los sistemas de intercambio de información"; es decir, que los traslados de datos sobre contribuyentes se hagan de forma automática y no por medio de peticiones puntuales concretas, como hasta ahora.

La IHE cree que también se podría perseguir a los grandes defraudadores si se obligara a las grandes multinacionales a "la rendición anual de un informe financiero por cada uno de los países en los que operan sus filiales". ¿Cómo afectaría esta medida a las empresas españolas? Como muestra un dato: de las 35 mayores compañías del Ibex, 33 operan en países opacos para la Hacienda española, tal como concluye el informe 2011 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

Las grandes empresas y los bancos, debido a su mayor facilidad de acogerse a una baja tributación (gozan de equipos jurídicos especializados en encontrar todo tipo de deducciones fiscales), son un foco de atención preferente para los inspectores. Así, reclaman una normativa para todo el ámbito europeo que obligue a las entidades financieras a "proporcionar información de la identidad de los clientes de sus filiales en paraísos fiscales".

Los expertos en materia tributaria son claros: no se trata tanto de que desaparezcan los paraísos fiscales, sino de que compartan la información con el resto de países. Todos aquellos que no colaboren o lo hagan de forma deficiente, deberían ser incluídos en un listado internacional de territorios "no cooperantes". Y es que estados conocidos por su secretismo bancario, como Andorra, han "hecho trampas" para poder salir de las listas elaboradas por la OCDE: firmaron el número mínimo obligatorio (en algunos casos con otros países pequeños) para salir de las mismas.

Junto a las medidas de ámbito europeo, España necesita emprender, a juicio de los inspectores, sus propias medidas, ya que el fraude es el doble respecto a los países de su entorno. ¿Cómo detener el gran fraude fiscal? Además del incentivo económico para revelar datos confidenciales, una de las medidas primordiales sería la de obligatoriedad de obtener el Número de Identificación Fiscal (NIF) español cuando se opere en este país.

La otra cara de esta moneda serían una serie de medidas destinadas a evitar la deslocalización de empresas y operaciones financieras, estableciendo cláusulas antifraude en los convenios de doble imposición que España firme con otros países. El objetivo: tributar por la actividad económica real de la empresa, y "apartar cualquier transacción artificial que pretenda eludir pagos", explican desde la IHE.

Las propuestas de los responsables de la inspección tributaria proponen también tipificar como infracción tributaria o incluso delito el ofrecimiento de servicios bancarios o jurídicos destinados al fraude. Esta medida atacaría directamente a las entidades financieras y los despachos profesionales especializados en ayudar a sus clientes a evadir impuestos en el extranjero. Anexa a esta reforma iría la responsabilidad solidaria de los despachos y entidades bancarias que comercializan este tipo de productos.