La titular del Juzgado número uno de Lugo, Pilar de Lara, que instruye la Operación Pokémon, ha ordenado practicar registros en la residencia de Francisco Rodríguez, exalcalde socialista de Ourense, y en propiedades a nombre de su pareja ubicadas en Verín y Castrelo do Val, según han informado fuentes de la investigación.

Agentes de Vigilancia Aduanera han llevado a cabo el registro en la vivienda de Francisco Rodríguez dentro de las diligencias ordenadas por Pilar de Lara para recabar información adicional sobre una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

El pasado mes de septiembre, Francisco Rodríguez fue detenido en el marco de la Operación Pokémon. Tras prestar declaración ante la jueza, salió en libertad bajo fianza de 6.000 euros y quedó imputado por cohecho y prevaricación, por lo que se vio forzado a dimitir por la cúpula del PSOE. Según las fuentes de la investigación, cuando se produjo la detención de Francisco Rodríguez no se había registrado su vivienda, ubicada en el ourensano barrio de A Ponte, pero ahora la jueza ha considerado que era necesaria una inspección para buscar documentación.

Además de Francisco Rodríguez (PSOE), en septiembre pasado fue detenido otro regidor, Adolfo Gacio (PP), quien también dimitió como alcalde de Boqueixón (A Coruña). En su caso quedó en libertad con fianza de 10.000 euros y se le imputaron delitos de prevaricación, otro de cohecho y dos delitos menores. No obstante, en el caso Pokémon, aparte del alcalde de Lugo, quien también es presidente del PSdeG; también permanecen imputados los regidores de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP); y el de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP). Todos ellos han rechazado dimitir por esta causa.

En la segunda fase de la Pokémon, bautizada como Operación Manga, fue imputado el ya exalcalde de Santiago con el PP, Gerardo Conde Roa. También como resultado de estas investigaciones fueron detenidos Albino Vázquez Aldrey, quien presentó su renuncia como concejal de Seguridad en Santiago de Compostela, y Robert Fauria (CiU), que dimitió como alcalde de Sant Hilari Sacalm (Gerona).

Entre la larga lista de imputados en esta instrucción, aparte de personal relacionado con las empresas Vendex y Aquagest y funcionarios, también figuran otros políticos como Fernando Varela, quien presentó su dimisión como concejal del BNG en Ourense, o la edil de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez (PP). Así, además de las empresas del entramado de Vendex, Pilar de Lara también situó en el punto de mira a Aquagest. La pareja del exalcalde está empleada en las oficinas en Ourense de esta empresa de gestión de servicios de aguas. Uno de los principales imputados en esta causa es el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, el socialista Francisco Fernández Liñares, quien llevó diversas concejalías en el Ayuntamiento de Lugo.