La recientemente aprobada Ley de Costas ha sido objeto de debate en el hemiciclo gallego por la polémica derivada de la posibilidad de ampliar las concesiones de industrias en terreno marítimo-terrestre 75 años más y, en concreto, por la problemática de ENCE en los terrenos de Lourizán, en Pontevedra.

Así, aprovechando una moción de los socialistas, los tres grupos de la oposición han demandado iniciar las actuaciones precisas para la salida de ENCE antes de 2018, un punto que ha sido votado por separado del resto de la iniciativa y que ha contado con el voto en contra de los populares.

De hecho, el portavoz del PP en el debate, Román Rodríguez, consideró que para los grupos de la oposición es una "obsesión" ENCE, y ha reiterado que "no va haber ninguna renovación automática".

Además, ha defendido que la nueva Ley de Costas da "seguridad jurídica" a las empresas asentadas en el litoral, y puso el ejemplo de Garabilla o Frigoríficos do Morrazo o Foretal del Atlántico.

"¿Estamos privilegiando, vendiendo la costa a estas industrias?", se ha preguntado Román Rodríguez, quien también ha lanzado la cuestión a la oposición de si "les parece bien dejarlas caer".

"No. Estamos dándole seguridad jurídica a unas industrias que generan un porcentaje muy significativo de nuestro PIB y están generando muchísimos puestos de trabajo", ha contestado el diputado popular, quien ha sentenciado que "un gobierno responsable no puede tirar por la borda estas empresas". "Sería una irresponsabilidad", ha sentenciado.

La xunta,

Sin competencias

Sin embargo, el autor de la iniciativa, Xosé Sánchez Bugallo, que presentó la iniciativa con intención de pronunciarse antes de que la normativa estatal estuviese aprobada, criticó que la ley consolida industrias en dominio público terrestre "dejando la posibilidad de prorrogar 75 años más" a ENCE en la ría sin que la Xunta tenga ahora "competencias" para poder evitarlo.

Bugallo, que pretendía con esta iniciativa volver a modificar la Ley de Costas —recientemente aprobada—, para no dejar fuera de la legalidad urbanística los núcleos tradicionales gallegos que no están dentro de la amnistía que sí tienen otros del Mediterráneo, ha advertido al Gobierno que "acaba de perder una competencia fundamental" para poder decidir sobre este tipo de industrias.

Por su parte, la diputada nacionalista Ana Pontón, cuya enmienda sirvió para incorporar la cuestión de ENCE, ha acusado a los populares de "priorizar los intereses privados frente a los públicos" y les ha recriminado que "apuesten por consolidar industrias contaminantes como ENCE en la ría de Pontevedra".

Asimismo, se refirió a las recientes declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, en las que se manifestó favorable a que la pastera permanezca después de 2018. "Van a consolidar un modelo perverso en el litoral gallego".

Antón Sánchez, de Alternativa Galega de Esquerda, ha concluido que, primero, ENCE recibió "los favores del franquismo" para instalarse en Lourizán. "Y ahora le soluciona la papeleta el PP", ha lamentado el parlamentario de AGE, quien ha argumentado que la ley incluía en un principio que el informe de la Xunta debería ser favorable, pero una corrección en el trámite en Cortes supuso eliminar esta condición para únicamente tener que ser preceptivo.

Mociones rechazadas

Además de se rechazada esta moción, tampoco prosperaron las mociones presentadas por AGE, sobre el sistema de prevención de incendios forestales, y por el BNG, que pretendía que se convocase una reunión con todas las partes afectadas en Alimentos Lácteos y la presentación del plan de la empresa.

Sobre este asunto, la diputada del PPdeG Isabel García Pacín ha asegurado el compromiso de la Xunta con esta factoría, pero la diputada nacionalista Tereixa Paz ha acusado al Gobierno gallego de no haber velado por los seis millones de ayudas públicas concedidas y de "jugar con el futuro de los ganaderos".