Derecho a Vivir (DAV) ha instalado 150 vallas publicitarias en 17 ciudades españolas, dentro del marco de la campaña #Borraelaborto con la que también contarán con anuncios en televisión y cuñas de radio en varios medios de comunicación, para exigir al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que impulse la derogación de la ley del aborto de 2010 y elabore una nueva ley de Aborto Cero, según ha explicado la portavoz del colectivo, Gádor Joya.

En el primero de los carteles que se ha descubierto este martes, colocado en la fachada de la sede de DAV, puede leerse la consigna "Hay niños que nunca podrán sonreír. Morirán antes", junto a la imagen y una apelación al ministro de Justicia, responsable de la reforma de la ley que el Gobierno pretende llevar a cabo.

Además de los carteles y los anuncios en los medios de comunicación, la iniciativa incluye la apertura de una página web (www.borraelaborto.org) para que los ciudadanos que los deseen "borren" una letra del texto actual y, una vez que las páginas estén en blanco, ha explicado Joya, serán entregadas a Gallardón para "reflejar simbólicamente el sentir de los españoles que quieren que la ley Aído sea borrada de la legislación española".  

En la misma línea, la portavoz ha recordado el compromiso electoral del Partido Popular de "ajustarse a la doctrina del Tribunal Constitucional y proteger la vida humana" al asegurar que "a pesar de que hay algunas voces discordantes dentro del Ejecutivo", el Gobierno "tiene que saber que se debe a los españoles que le han votado" porque se encontraría con un apoyo "masivo" por parte de la sociedad.

Aunque Joya ha explicado que la organización apoyaría una nueva norma que suprimiese la ley de plazos, lo que sería un "ejemplo de progresismo para los demás países europeos", y no contemplase la posibilidad del aborto eugenésico, ha matizado que "no se conformarían con eso", ya que su objetivo es el "aborto cero".

Por otro lado, desde el colectivo han lamentado que "la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen por una problemática de tipo social", entre las que destaca la falta de ayudas, la violencia doméstica o la falta de soporte económico. Unas problemáticas que, a juicio de Joya, España está preparada para abordar.

Además, ha denunciado que a las mujeres "muchas veces se les esconde información" sobre "los riesgos físicos y psicológicos que pueden correr", para utilizarla "desde el punto de vista ideológico y lucrarse a costa de sus abortos", por lo que en el caso de la aprobación de una ley que penalizase esta práctica, las pacientes "no deberían ir a la cárcel, porque en muchas ocasiones tienen eximentes a su favor como la desinformación, la ignorancia y las informaciones falsas que se les entrega".