La asociación ecologista WWF se ha congratulado de las declaraciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, según las cuales el dragado de profundización del río Guadalquivir "no se puede hacer automáticamente", ya que habría que estudiar antes las pretensiones de la Autoridad Portuaria de Sevilla y las "condiciones técnicas" necesarias en su caso.

En declaraciones a Europa Press, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha expuesto que, a juicio del colectivo, las palabras de Arias Cañete corroboran la carta que la Secretaría de Estado mandó en 2011, en la que se decía que la ampliación del dragado no se podría acometer sin adecuar el proyecto a las prescripciones del dictamen de la Comisión Científica.

Así, Carmona ha lamentado que el Puerto "no quiera entender" que la iniciativa "no se puede hacer desde el momento en el Ministerio secundó que, partiendo de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se tome como un extremo vinculante que hay que cumplir para dragar el río la recuperación previa del mismo".

Con todo, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana ha apuntado su convicción de que la Autoridad Portuaria de Sevilla "seguirá insistiendo", si bien la acción "tiene que estar ajustada a ese condicionado, y si no lo hace debería ir para atrás". Asimismo, Carmona ha aludido a la existencia de "movimientos políticos" como "un juego normal y lógico en este tipo de proyectos", si bien "a nivel administrativo hay lo que hay".

En este sentido, el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha afirmado que su partido, tanto a nivel regional como a nivel local en Sevilla, está "claramente a favor" del dragado de profundización del río Guadalquivir y ha negado que el ministro se haya posicionado al respecto.

Por lo demás, WWF reitera su decisión de llevar a los tribunales la actuación si ésta, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Administración del Puerto, acaba licitándose. Además, ha recordado Carmona, los ecologistas están a expensas del resultado de una denuncia judicial relativa a la caducidad de la DIA y de la respuesta que la Comisión Europea pueda dar a la queja que en su momento presentó el grupo por este motivo.