La Xunta de Galicia ha creado un puesto de trabajo de grupo A en el Instituto de Estudos do Territorio, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, tras obligarle la Justicia a readmitir a un empleado de la empresa pública Tragsa por cesión ilegal de trabajadores.

A raíz de una sentencia que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró firme el pasado 1 de marzo, este ente ha convocado a los representantes de las organizaciones sindicales para modificar la relación de puestos de trabajo (RPT). El encuentro está fijado para este miércoles, día 15, a las 10.00 horas en la sede de la consellería en San Lázaro.

La creación de un puesto base de personal funcionario fue aprobada en el Consello del pasado día 2 de mayo y la publica este lunes el Diario Oficial de Galicia (DOG), que recoge un complemento específico de 6.083,52 para esta plaza, ocupada por personal laboral indefinido no fijo.

Se trata de M.F.F., a quien el Juzgado de lo Social número 2 de Santiago dio la razón en diciembre de 2011 al declarar improcedente su despido, llevado a cabo por Tragsatec y del que recibió preaviso el 15 de junio de aquel año. El juez condenó a Tragsa y Tragsatec y a Medio Ambiente "a responder de las consecuencias de dicho despido", según consta en la propia documentación remitida por la Xunta a las centrales.

El auto, al que también ha tenido acceso Europa Press, explica las circunstancias en las que se produce la cesión ilegal "declarando la nulidad del cese del actor y condenando a las entidades demandadas a pasar por tal declaración y a la Xunta de Galicia a que readmita al actor en las mismas condiciones existentes con anterioridad, con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del cese a razón de 72,87 euros/día".

Desde noviembre de 2006

Así, considera "hecho probado" que M.F.F. prestaba servicios para la consellería a través de Tragsa y Tragsatec desde el 27 de noviembre de 2006, con categoría de titulado superior, percibiendo un salario mensual, con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias, de 2.186,10 euros.

Tal relación, apunta, "aparece fundada" en sendos contrato con Tragsa de duración determinada a tiempo completo para la realización de una asistencia técnica y en otro con Tragsatec, también de duración determinada a tiempo completo para otra asistencia técnica, todas ellas encargo de Medio Ambiente.

"La actividad del demandante consiste, en términos amplios, en actuaciones relativas al desarrollo de la Agenda 21 de las entidades locales, así como participar en informes sobre sostenibilidad, así como la organización de eventos (charlas) en los Ayuntamientos", relata.

Así las cosas, el Gobierno gallego, en su comunicación a los sindicatos, explica que la sentencia del juzgado de lo social fue recurrida por el demandante y por los demandados y que el TSXG resolvió estimar el recurso interpuesto por el demandante —el 11 de diciembre de 2012—.

Reorganización de la administración

Las asistencias técnicas en virtud de las cuales el demandante prestó servicio para la referida consellería "fueron contratadas por la extinta Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe", indica.

En abril del año pasado entró en funcionamiento el Instituto de Estudos do Territorio, lo que implicó la supresión de dicha dirección xeral y la asunción de sus competencias. A continuación, el pasado 1 de marzo, el TSXG declaró firme la sentencia y el día 24 el letrado de la Xunta la comunicó, por lo que ese mismo día M.F.F. causó alta en la nómina del instituto como personal laboral del grupo I.

"no existe puesto vacante"

La memoria justificativa para la propuesta de modificación de la RPT hace referencia a la ley de presupuestos de este año para justificar la creación de la plaza. De esta forma, alude a la racionalización de las estructuras orgánicas acometida en junio pasado en el Instituto de Estudos do Territorio, cuando "se suprimieron algunos puestos de trabajo, permaneciendo aquellos que se consideraban imprescindibles".

"En consecuencia, a día de hoy no existe puesto vacante en el IET al que poder adscribir a la persona declarada como personal laboral indefinido no fijo", argumenta y concluye que esta será "adscrita al puesto de nueva creación" antes de señalar que "paralelamente" el instituto "va a revisar el estudio organizativo".

Precisamente, fuentes de los sindicatos consultadas por Europa Press han advertido de que este trabajador, pese a la readmisión por sentencia judicial, no tiene plaza en propiedad y es por eso que "corre el riesgo de que su puesto sea amortizado" por la Administración.