El Supremo delibera sobre si unos anarquistas ejecutados en el franquismo tienen derecho a una revisión de sentencia

  • Francisco Granado y Joaquín Delgado eran inocentes.
  • En 1996 un programa de televisión encontró a los culpables de colocar dos bombas en 1963, que les costaron la vida a los dos anarquistas en el garrote vil.
  • Magistrados del Supremo se reunieron hoy a puerta cerrada, pero continuarán con sus deliberaciones mañana.
Granado y Delgado fueron condenados a muerte por el Franquismo. Ahora, el Supremo podría revisar su sentencia.
Granado y Delgado fueron condenados a muerte por el Franquismo. Ahora, el Supremo podría revisar su sentencia.
Granado y Delgado fueron condenados a muerte por el Franquismo. Ahora, el Supremo podría revisar su sentencia.

La sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha comenzado a deliberar hoy sobre si se puede presentar un recurso de revisión de la sentencia de un Consejo de Guerra por la que en 1963 los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron condenados a muerte y ejecutados durante la dictadura franquista.

El presidente de la sala de lo Militar, Ángel Calderón, y los magistrados José Luis Calvo, Agustín Corrales, Ángel Juanes y Javier Julián se reunieron hoy a puerta cerrada para que decidir si autorizan o no a las familias de ambos a la presentación de dicho recurso extraordinario. Las deliberaciones continuarán mañana.

En 2004 el Tribunal Constitucional (TC) amparó a los familiares de los ejecutados y ordenó a la sala de lo Militar del Supremo que continuara la tramitación del procedimiento para revisar la sentencia que condenó a muerte a los dos jóvenes anarquistas.

Detenidos por una bomba que no colocaron

Los hechos se remontan al 29 de julio de 1963, fecha en la que fueron colocadas dos bombas en Madrid, una en la Dirección General de Seguridad y la otra en la Delegación de Sindicatos, sin que su explosión causara víctimas, aunque si múltiples heridos.

Dos días después fueron detenidos Granado y Delgado, quienes el 13 de agosto de 1963 fueron condenados a muerte en una sentencia dictada por un Consejo de Guerra, que vio la causa por el procedimiento sumarísimo, y ejecutados el 17 de agosto de ese año por medio de garrote vil.

En 1996 en un programa de la televisión franco-alemana Arte, y tras una previa declaración ante notario, los también anarquistas Antonio Martín y Sergio Hernández se autoinculparon de la instalación de los explosivos en 1963, revelación que se reprodujo en otros medios de comunicación españoles y también en un programa de TVE en 1997.

Por ello, en febrero de 1998 la viuda de Granado, Pilar Vaquerizo, y Francisco Delgado, hermano de Joaquín Delgado, reclamaron al TS que anulara la sentencia y les declare inocentes después de que Martín y Hernández se habían declarado autores de los hechos.

Condenados sin pruebas y en base a su ideología

En su recurso de revisión alegaron que ambos anarquistas fueron condenados sin que hubiera pruebas contra ellos, "por su pertenencia al movimiento libertario, siendo su ideología la enjuiciada y no hechos concretos imputables a ellos". En marzo de 1999 el TS denegó en un auto la autorización a los familiares de los ejecutados para interponer recurso de revisión de la sentencia de muerte, pero posteriormente el TC en 2004 declaró nula la decisión del Supremo.

El TS concluyó entonces que no se habían aportado las pruebas suficientes para llegar a la conclusión de que aquel fallo judicial fue un error. El pasado 3 de abril compareció ante el Supremo Octavio Alberola, uno de los responsables del organismo Defensa Interior (DI) que habría dado la orden a Hernández y a Martín de perpetrar los atentados por los que Granado y Delgado fueron ejecutados.

Antonio Martín declaró anteriormente ante la sala de lo Militar, mientras que Sergio Hernández prestó declaración el pasado 20 de marzo ante la Brigada Criminal de París debido a su incapacidad para viajar a Madrid por problemas de salud.

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