Las familias que el pasado mes de noviembre de 2012 ocuparon un edificio de viviendas de renta libre de la calle Lumbreras, en el entorno de la Alameda de Hércules de Sevilla capital, han abandonado voluntariamente el edificio a cuenta de la orden emitida por el Juzgado de Instrucción número tres, para que las viviendas fuesen desalojadas de manera voluntaria antes del 2 de mayo, porque pasado ese plazo la orden sería cumplida por la fuerza. Las viviendas en cuestión, enclavadas en la calle Lumbreras, pertenecen a la empresa inmobiliaria 'Parque Inmobiliario Costa del Sol' y estaban deshabitadas desde su construcción.

Este colectivo de familias estaba formado por 31 personas divididas en 18 familias entre las que figurarían nueve menores de edad. En todos los casos se trataba de "familias trabajadoras" cuyos componentes han perdido "el empleo y la vivienda", con algunos casos de "situaciones muy extremas", según el movimiento social '15M' y los colectivos involucrados en defensa del derecho a la vivienda.

Altercados durante la ocupación

La ocupación de las viviendas, consumada a finales del pasado mes de noviembre de 2012 como colofón de una manifestación para reclamar el acceso de la ciudadanía a la vivienda, estuvo marcada por una polémica actuación de la Policía Nacional y unos violentos altercados saldados con cinco detenidos y ocho policías lesionados. A los detenidos, cabe recordarlo, se les atribuían presuntos delitos de ocupación ilegal, atentado, desobediencia, lesiones y daños.

Como consecuencia de las acciones judiciales promovidas por la sociedad 'Parque Inmobiliario Costa del Sol', propietaria de las viviendas, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla emprendió unas diligencias que motivaron que, ya el pasado 14 de febrero, prestase declaración una de estas personas por un presunto delito de usurpación. Se trataba de Juan Gómez, de 60 años de edad. El pasado 6 de marzo, igualmente, hacían lo propio seis mujeres también pertenecientes a este colectivo de familias.

Procedimiento judicial

Tras esta ronda de comparecencias, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo, la citada instancia judicial fijó el 2 de mayo como fin del periodo habilitado para que las viviendas fuesen desalojadas voluntariamente, porque después el desalojo sería hecho efectivo de manera forzosa. Las familias, en ese sentido, han resuelto abandonar voluntariamente las viviendas, sobre todo por lo que respecta a los nueve menores de edad que integran el colectivo. De otro lado, las familias señalan que la sociedad propietaria del inmueble no habría accedido a "ningún tipo de negociación" para solucionar la situación por la vía del diálogo.

Las familias, al abandonar las viviendas, ponen de relieve que pese a la licencia de primera ocupación, los pisos "no disponen de acometida a la red de electricidad debido a la demanda de potencia requerida y a la ausencia de un centro de transformación", con lo que "las viviendas salieron a la venta sin que en realidad pudieran ser habitadas con suministro regular de electricidad, lo que constituye una auténtica estafa".

El futuro de las viviendas

Avisan igualmente las familias del "embargo" que pesa sobre una de las viviendas, por una cantidad de 152.150 euros, a cuenta del supuesto impago del impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente al ejercicio 2011. "Ninguna de las viviendas ha sido vendida. Por la crisis económica y el precio desorbitado del metro cuadrado, este inmueble no tiene salida en el mercado actual", dicen las familias, para las cuales "es previsible que a corto plazo, el edificio se convierta en un activo tóxico". Las familias, de cualquier modo, lamentan que Manuel Periáñez, administrador único de la propiedad, no haya accedido supuestamente a negociar un alquiler social para estas viviendas.