La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha afirmado que hay que esperar a conocer los detalles que establece la comunicación de la Comisión Europea remitida al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la que le pide explicaciones por el decreto aprobado por la Junta de Andalucía sobre la Función Social de la Vivienda y en la que alerta de las posibles repercusiones en la banca. No obstante, ha añadido que lo expresado por Bruselas "ahonda" en lo ya dicho por el Gobierno central a la Comunidad Autónoma.

Así, ha indicado en Málaga, donde ha informado sobre la modificación de la Ley de Costas, que leerán "la letra pequeña" de lo que ha dicho la Comisión Europea, insistiendo en que el Gobierno de Mariano Rajoy "desde marzo está poniendo medidas encima de la mesa para las personas que están en exclusión social y que tienen un problema con su vivienda".

Frente a ello, ha continuado Crespo, el nuevo decreto andaluz de vivienda "crea inseguridad jurídica". En este punto, ha insistido en rueda de prensa en que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), "hablaba de 200 afectados cuando hasta abril ella estaba firmando desahucios a través del BOJA".

Sí ha considerado la delegada del Gobierno que el Ejecutivo autonómico debería, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), poner a disposición las viviendas vacías "para todos los andaluces que lo están pasando mal". También ha apuntado que la Junta podría "generar recursos con los cerca de 100 millones que el Gobierno central da a la Comunidad Autónoma para brindar posibilidades a los andaluces que tienen problemas".

Ha insistido en que el decreto andaluz "no es el idóneo, aporta poco y en el tema de las expropiaciones es lo que ha establecido la Comisión Europea como una cuestión dudosa". Crespo ha reiterado los beneficios de las medidas del Gobierno: "tenemos una ley muy clarificadora, que ha dado muchas posibilidades a personas que lo están pasando mal con su vivienda".

Crespo ha sostenido que la legislación nacional "da una seguridad jurídica aplastante, en negociación con el banco, en quitar intereses e incluso en casos extremos la dación en pago y la posibilidad de aplazamiento a personas desahuciadas".

La comunicación de Bruselas considera que la norma andaluza que, entre otras medidas, propone la expropiación temporal de los pisos afectados por desahucios, podría tener repercusiones en los bancos y entrar en confrontación con las condiciones del memorando que De Guindos firmó a cambio del rescate a la banca española. La Comisión Europea quiere que el Gobierno central informe sobre la medida andaluza para analizar si incurriría en alguna incompatibilidad con el memorando que aceptó España.