La empresa alega, en una resolución del 17 de noviembre, que ninguno de sus adjudicatarios ha utilizado las viviendas como «domicilio habitual y permanente», tal y como se exige en la normativa actual.

Además, apunta que no solicitaron por cauces oficiales la «preceptiva autorización». EPSA se ampara en la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo para iniciar el desahucio.

Los afectados son José H. S., Manuel V. F.,  Carmelo G. J., Eduardo A. C., Francisco B. L., Salvador P. L., José P. M.,  Rafael S. B., Juan C. B., José y Francisco C. P., José F. R., Pedro C. M., Anselmo P. M., Juan F. C., Antonio G. G., Rafael G. C., Juan C. P., Miguel  Ángel R. N., Isidoro R. L., Antonio S. A., Manuel H. R. y Lorenzo C. R. Cada uno dispone de 15 días para alegar.

A principios de este mes, EPSA, a través de la Oficina de Rehabilitación Integral de Polígono Sur, ordenó el desahucio de una VPO de Luis Ortiz Muñoz (Las Vegas). El adjudicatario incurrió, según EPSA, en la ocupación «sin título legal» de vivienda o espacios complementarios.