El juicio previsto para este miércoles en la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia de Huelva contra diez personas, supuestamente pertenecientes a una red de narcotráfico, incluidos dos guardias civiles, que supuestamente les ayudaban a introducir drogas en España a través de la costa onubense, ha sido aplazado al 9 de octubre por la incomparecencia de uno de los acusados.

El tribunal ha aceptado la petición de la Fiscalía de suspender la vista oral hasta que no sea localizado ese acusado, el cual, según ha indicado su abogado, Manuel Manzaneque, no ha comparecido porque le consta que se encuentra en Ucrania, su país natal, tras ser detenido por el grupo de Extranjería en Sevilla y deportado al mismo a pesar de tener este juicio pendiente.

Ante esta situación, la Audiencia ha ordenado cursar oficio a este grupo policial para corroborar la información e interponer una orden de busca y captura en caso de que así sea. Por otro lado, otro de los acusado, de nacionalidad marroquí, tampoco ha comparecido al declararse en situación de rebeldía.

El próximo 9 de octubre será la tercera vez que se celebre este juicio después de una segunda suspensión y de que el Tribunal Supremo anulara la sentencia emitida el año pasado por la Audiencia Provincial "por anomalías en las fórmulas" al intervenir las escuchas y tras admitir el recurso interpuesto por la Fiscalía. A su vez, el abogado ha subrayado que "se dio la circunstancia de que la Policía registró una vivienda en Gibraleón sin una orden de registro".

Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide para los dos agentes de la Benemérita, J.T.G.P. y J.F.D., la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de cohecho. En el caso de J.T.G.P., suma otros dos años y medio de inhabilitación por abandono de destino, y en el del otro agente, tres años más de prisión —uno por receptación y otros dos por falsedad en documento oficial—.

Además de los agentes están acusadas ocho personas más. Cuatro de ellas se enfrentan a cuatro años y diez meses de cárcel por tráfico de drogas y una multa de 18 y 20 millones de euros, una pena que, en los casos de dos personas, se incrementa en un año por otro delito de receptación. Para los otros cuatro restantes el fiscal solicita un año de cárcel por receptación para los tres primeros y tres años por falsedad en documento público y receptación para el cuarto.

El Alto Tribunal anuló la sentencia dictada en noviembre de 2011 por la Audiencia Provincial onubense por la que se consideró culpables a los acusados de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, y se les condenó a penas de cárcel y al pago de indemnizaciones millonarias.

Los hechos se remontan a diciembre de 2009 cuando cuatro de los acusados, puestos de común acuerdo y en unidad de fin, custodiaban un total de 95 fardos de hachís, los cuales estaban almacenados en el salón y en otras dependencias de una casa ubicada en Gibraleón, siendo los mismos decomisados por agentes de la Guardia Civil el día 11 de diciembre de 2009 tras proceder al registro de la citada casa con la autorización del propietario y del inquilino de la misma.