El delegado de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, Manuel García Peláez, ha lamentado este domingo que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pretenda "disimular su responsabilidad en el absoluto fracaso de su alianza con el jeque Abdalá Al Thani, mediante un ataque injusto y desmedido" a la Administración autonómica, "que lo único que ha hecho es aplicar la legalidad y defender el interés general" al abrir expediente de resolución del contrato sobre la ampliación del puerto de Marbella-La Bajadilla.

"La Consejería ha hecho, y seguirá haciendo, todo lo posible para mantener la inversión en el puerto. La falta de voluntad viene del concesionario", ha añadido García Peláez.

El delegado territorial de Fomento ha asegurado que "es sumamente preocupante que la alcaldesa de Marbella se disguste ante la aplicación de la ley, de la que parece opinar que no es igual para todos". García Peláez ha pedido a Muñoz que aclare "de qué lado está, si de una administración vigilante de la normativa o de un empresario insistente en el incumplimiento de los requisitos legales, que además ha jugado irresponsablemente con las ilusiones y expectativas de la ciudadanía marbellí y malagueña".

"La alcaldesa puede desahogar su frustración dirigiéndose a su socio y exigiéndole seriedad y responsabilidades, si sabe cómo contactar con él, y no a la Junta, porque ella conoce perfectamente que la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha dado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Nasir Bin Abdullah y Sons SL, Ayuntamiento de Marbella y Puerto Deportivo de Marbella SA todas las oportunidades y prórrogas posibles", ha añadido García Peláez.

El delegado ha recordado que, de hecho, "si realmente existe una voluntad de Al Thani de apostar por el puerto aún tiene posibilidades de hacerlo", pues acaba de abrirse el periodo de alegaciones al expediente de resolución del contrato sobre la ampliación del puerto de Marbella-La Bajadilla. "Por nuestra parte, no va a quedar", ha añadido.

"Al Thani puede presentar alegaciones, si de verdad tiene interés. Aún puede defender su proyecto con papeles y realidades, no a través de las redes sociales. Lo que nos tememos es que en realidad no tenga intención de hacerlo, y que lo único que pretende es utilizar a la Junta como excusa para su espantada", ha señalado Gacía Peláez en un comunicado, quien ha añadido además que, a su juicio, "lo más grave es que la alcaldesa se preste a actuar como capataz de su señor".

Según ha mantenido el delegado "por la propia dignidad del cargo que ostenta, la alcaldesa de Marbella debe recordar que está ahí por decisión de los ciudadanos y en representación de sus intereses, no como delegada comercial de ninguna compañía".

"¿No tiene nada que decir sobre el carrusel de incumplimientos de Al Thani?, ¿hasta dónde llega su compromiso con él?", se ha preguntado el delegado de la Consejería que dirige Elena Cortés.

INCUMPLIMIENTOS

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha iniciado esta semana el procedimiento de resolución del contrato de concesión de obra pública para la ampliación del puerto de Marbella-La Bajadilla, suscrito con la UTE Nasir Bin Abdullah & Sons S.L., Ayuntamiento de Marbella y Puerto Deportivo de Marbella, S.A., debido a "un incumplimiento generalizado de las obligaciones del contrato llegando a una situación de abandono de la ejecución, habiendo el concesionario obviado los reiterados requerimientos efectuados por la Administración sin la más mínima justificación", han precisado desde la administración regional.

A su vez, la consejería ha otorgado al concesionario un periodo de quince días para que pueda presentar las alegaciones que estime oportunas. Posteriormente la consejería que dirige Elena Cortés estudiará las alegaciones y preparará una propuesta de resolución, que será sometida de nuevo a trámite de audiencia, recabará informe de los servicios jurídicos y dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía antes de resolver definitivamente el procedimiento incoado.

El expediente resume los incumplimientos del contrato firmado el 1 de diciembre de 2011 en cinco puntos básicamente. En primer lugar en enero de 2012 la UTE debía tener constituida una sociedad anónima como persona jurídica concesionaria de la obra pública.

La Agencia de Puertos concedió varias prórrogas a este plazo, hasta que en el mes de marzo comunicó al concesionario la imposibilidad de seguir dilatando esta obligación.

Ante la magnitud del retraso, han precisado desde la institución regional, en julio se inició un expediente de penalización que finalizó en octubre con la interposición de una multa de 30.000 euros, sin que el concesionario alegara en contra ni abonara la misma. A fecha actual aún no se ha constituido la sociedad en la forma exigida por el contrato.

En segundo lugar, el proyecto constructivo de la ampliación del puerto debía presentarse antes de junio de 2012. El 31 de mayo el concesionario presentó una documentación que, una vez examinada por los servicios técnicos de la Agencia de Puertos, resultó ser el mismo proyecto básico con el que había concurrido a la licitación, careciendo de la concreción necesaria y sin la información y documentación exigida por la normativa para un proyecto de construcción.

Se concedió una prórroga de tres meses para la presentación del proyecto, sin que tampoco se cumpliera esta obligación, por lo que se abrió un expediente de penalización que impuso multa de 25.000 euros, a la cual no se presentaron alegaciones ni se abonó. A fecha actual el proyecto constructivo aún no ha sido presentado.

En tercer lugar, el contrato recoge la obligación de abono por parte del concesionario de una retribución anual de 750.000 euros los cuatro primeros años, y de un millón los restantes, en contraprestación por los ingresos obtenidos por la explotación del puerto.

Este importe debía haberse abonado tanto para el año 2012 como para el año 2013, sin que hasta la fecha se haya ingresado ninguna cantidad por este concepto.

En cuarto lugar, el contrato contempla la entrega al concesionario de una dársena náutico recreativa en funcionamiento de 9.286 metros cuadrados, con 268 atraques para embarcaciones deportivas y diversas instalaciones comerciales y de industria ligera en tierra.

Se hacía por tanto necesario que el concesionario se dotara de una estructura administrativa que asumiera la gestión operativa y económica del recinto. Sin embargo, la dotación humana implantada por el concesionario se ha limitado a la contratación de un solo administrativo, teniendo que ser auxiliado por personal de la Agencia.

Tampoco existe un responsable de gestión del puerto con capacidad para dirigir operaciones y adoptar decisiones, habiendo tenido que asumir esta función el jefe de zona de la Agencia de Puertos en Málaga Poniente.

En quinto lugar, el concesionario se subrogó en los contratos vigentes en el puerto actual con las empresas prestadoras de servicios de marinería, vigilancia y seguridad y centro de control.

En septiembre de 2012 dichas empresas suministradoras comunicaron a la Agencia de Puertos una situación de impago generalizada, que en esa fecha ascendía a 136.000 euros.

Mediante oficio de la Dirección Gerencia se instó ese mismo mes de septiembre al concesionario al abono de la deuda contraída con las empresas en el plazo de diez días, y de nuevo en enero de 2013 se le insistió en el mismo sentido.