El grupo juntero del PSE-EE en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha pedido a la Diputación de Gipuzkoa que renuncie a dar a la ikastola Xalbador de la localidad vasco-francesa de Cambo una subvención de 600.000 euros y ha dudado de la legalidad de esta ayuda, al tiempo que ha criticado el apoyo del PNV a esta decisión. "Tanto Bildu como PNV han puesto la ideología nacionalista por delante del interés general de Gipuzkoa", ha recalcado.

La formación socialista, en un comunicado, ha insistido en que los presupuestos forales de la Diputación para 2013 son "restrictivos" y que, concretamente, el departamento de Cultura ha sufrido un recorte de un 11,6 por ciento en sus cuentas. Además, ha explicado que los guipuzcoanos están realizando un "esfuerzo fiscal importante" y, por lo tanto, "lo lógico es que ese esfuerzo revierta en políticas y servicios públicos para la sociedad guipuzcoana".

El juntero socialista, Julio Astudillo ha criticado la subvención y ha insistido en que "no es lógica en tiempos de crisis" y ha asegurado que esta ayuda "está justificada por Bildu, y apoyada por el PNV según planteamientos ideológicos nacionalistas, no desde un punto de vista racional y desde la perspectiva de eficiencia en el gasto público".

Además, ha señalado que los franceses "son más ricos que nosotros" y ha apuntado que el PIB de Francia supera en un 48,5 por ciento al español y el salario medio de los trabajadores franceses es de un 47,2 por ciento superior al de los españoles. En su opinión, "somos los pagafantas de Francia".

Por otra parte, Astudillo, con esta subvención, ve problemas de legalidad y de control ya que la Norma Foral de Subvenciones establece que para "recibir una subvención es preciso estar al corriente de los pagos a la Hacienda Foral y a la Seguridad Social".

"La Ikastola Xalbador de Iparralde, al ser francesa, ni paga a la Hacienda Foral, ni a la Seguridad Social y su situación resulta discriminatoria hacia las empresas guipuzcoanas por lo que es ilegal", ha asegurado.

Además, ha señalado que la Ley que regula el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas establece que el tribunal puede fiscalizar a las Administraciones Públicas que conceden subvenciones y también a quienes son beneficiarias de las subvenciones, "pero en el caso al ser un ente francés es imposible este control".