La Sindicatura de Cuentas no conoce los "subcriterios" ni el procedimiento del cálculo de las puntuaciones concedidas a las entidades que aspiran a subvenciones de cursos de formación, cuya mayor parte (un 58%), se reparten entre FADE, CCOO, UGT y la Federación de Comarcas Mineras (Fucomi). No obstante, aclara que no observa irregularidades ni ilegalidades en la misma.

Así lo han señalado el Síndico Mayor, Avelino Viejo, y el Síndico Antonio Arias, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General del Principado, convocada precisamente a raíz de un informe de la Sindicatura que cuestionaba ciertos aspectos de la convocatoria de estas subvenciones en el año 2009.

Preguntado por los diputadas del PP, Susana López Ares, y de Foro, María Antonia Alonso, Teresa Alonso, Viejo ha matizado los términos del informe. A la hora de puntuar a los solicitantes, se plantean "unos criterios muy amplios con puntuaciones muy genéricas, que se desglosan en unos subcriterios que no son conocidos por las partes". Arias, por su parte, ha explicado que la nota final "no es arbitaria", pero sí se observa que "debería trasladarse de una forma más clara, casi aritmética".

Además, ha señalado la no publicación de la lista de todos los solicitantes y sus notas, para que los mismos pudiesen comparar sus puntuaciones con la de sus competidores, aspecto que, según el director del Servicio Público de Empleo, José Luis Álvarez, responsable de la gestión de estas ayudas, se corrigió desde el ejercicio 2010.

La diputada 'popular' se basó en estas explicaciones para criticar la "falta de claridad" en los criterios y en el procedimiento para poner las notas a los diferentes concurrentes.

Falta de justificación de ugt

Ares ha incidido en los 561.000 euros de subvención concedida a UGT, y subcontratada al instituto IFES, en la que la Sindicatura observó carencia de justificación, pues al tratarse de una entidad vinculada al sindicato, solo hizo falta una factura.

Arias explicó que el Servicio Público de Empleo, en su momento pudo haberse dirigido a la entidad para exigir un mayor desglose de gastos, pero dejó bien claro que ni la ley lo exigía ni estaba establecido en las bases de la convocatoria, motivo por el que la Sindicatura tampoco lo consideró "procedente".

Para la diputada popular, "no se sabe muy bien" en qué se gastaron esos 561.000 euros concedidos a UGT, por lo que desde el Sepepa se debería haber exigido un mayor detalle de gastos, aunque no lo obligase la ley.

En el turno de Fijación de posiciones, la diputada de Foro, Carmen Fernández, ha mostrado su satisfacción por el informe de la Sindicatura, y ha reclamado que las subvenciones se concedan directamente a la entidad adjudicataria y no a intermediarios (sindicatos y patronal). Por su parte, Ares ha reclamado que la exención de justificación del 20% de los costos indirectos sea para la entidad que ejecuta el curso en el caso de subcontrataciones, y no para la beneficiaria.

Marina Pineda, del PSOE, ha incidido en sus críticas a los partidos de derechas por difamar al movimiento sindical por este asunto, y ha recomendado a las diputadas de Foro y PP que "se lean la ley de subvenciones". Por último, Ángel González, de Izquierda Unida ha evaluado "positivamente" esta comisión, y ha demandado que "también se haga con otras entidades que reciben dinero público a mansalva, y nadie le interesa fiscalizar".