El colegio de abogados de Ourense puso en marcha hace un año la Oficina de Intermediación Hipotecaria, tras firmar un convenio de 4.000 euros con el Ayuntamiento, para ofrecer mediación gratuita a las personas que se ven obligadas a dejar de pagar la hipoteca, para que los bancos acepten vías alternativas al desahucio, como la dación en pago o la reducción pactada de las cuotas mensuales.

El secretario técnico del colegio de abogados, Alejandro Pérez Garrido, destaca, en declaraciones a Europa Press, que esperan renovar este convenio en los próximos días, pues los resultados son "muy buenos" y, en la evolución de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, fueron ampliando su intervención e incluso inician los trámites para que las personas afectadas puedan acceder a viviendas sociales.

"Una persona que llega aquí con avisos del banco tras varios impagos, o que sabe que los va a recibir porque dejó de pagar, cuenta con un equipo legal que pasará meses buscando el contacto en su banco para plantearles una flexibilización en los pagos, basándonos en el Real Decreto de Protección de Deudores Hipotecarios pero, claro, siempre que cumplan los requisitos ahí contemplados", explica.

En los 53 casos abiertos desde abril de 2013, el colegio de abogados garantiza que durante las negociaciones con los bancos, se paraliza el proceso de posible desahucio mientras se conciertan reuniones, se atienden los requerimientos bancarios y "se les convence" en cada caso, a veces durante cuatro o cinco meses.

"Hay bancos que marean mucho y otros directamente no contestan, pero son los menos, y, si estudiamos los contratos de pago y detectamos hipotecas con cláusulas abusivas o anulables, como intereses de demora excesivos; también recomendamos a la persona afectada que inicie un proceso judicial contra su banco, pero ahí termina la intervención de esta oficina gratuita", detalla Pérez Garrido.

Oficinas letradas como la de Ourense son aún escasas en España —es la única en Galicia— y responden al interés, según Pérez, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de impulsar acciones vinculadas a las realidades sociales.

Clásicos y novedades

En el caso de Ourense, nueve abogados atienden desde hace seis años las peticiones de presos yendo cada semana al centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, para analizar las actuaciones del centro en cuanto a permisos y cambios de grado, entre otros, e integran la Comisión de Atención Xurídica Penitenciaria de Ourense (CAXPOU).

Entre las clásicas atenciones del colegio de abogados está la de orientación jurídica para determinar qué personas cumplen los requisitos para acceder a la Justicia gratuita y otros 85 letrados que atienden el convenio sobre violencia de género —por el que el Consistorio de Ourense cubre parte de los gastos de atención jurídica a víctimas cuya situación no les permite acceder a esa Justicia gratuita—.

Otros convenios unen Ourense con Santiago a través del Colegio Oficial de Psicólogos y la Xunta de Galicia, para el servicio de Mediación Intrajudicial Familiar en conflictos de ese ámbito concreto.

De cara al futuro, la novedad estará en la firma de un convenio, ya avanzado, entre el colegio de abogados, el CGPJ y el juzgado de Ourense para poner en marcha un servicio de mediación para delitos de faltas, conflictos de comunidades vecinales y otros que evitarán llegar al juzgado de instrucción.

"El objetivo es resolver antes de llegar al juzgado de instrucción y para ello iniciaremos primero una etapa para formar a estos mediadores", agrega Pérez Garrido.

El colegio de abogados de Ourense cuenta con 650 colegiados que ejercen su profesión y otros tantos no ejercientes y, según su secretario técnico, los planes para nuevos servicios de atención como mediadores siguen adelante.