Si hace unas semanas anunció que haría fotos aéreas para detectarlas, ayer desveló que serán equiparables a las denuncias policiales y que en 15 días empezará a usarlas para sancionar. Este proceso puede acabar en demolición.

La primera fase, ya en marcha, consiste en identificar las casas construidas en terrenos no urbanizables (la infracción prescribirá a los cuatro años de la denuncia) y en suelo protegido, que no tiene límite de tiempo.

Una vez localizadas, y si se cumple uno de estos dos requisitos, la Conselleria empezará por parar la obra o decretar que se vacíe la casa. Después, pedirá a las compañías de gas, luz y agua que interrumpan el suministro y anotará en el Registro de la Propiedad la ilegalidad. Si el suelo es protegido, trasladará el caso a la fiscalía.

Si en dos meses el ayuntamiento no le concede la licencia necesaria, se demolerá el inmueble y se repararán los daños para devolver  la parcela a su estado original y poder reparar los daños ambientales.

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La Generalitat tiene fotos desde 1999

El titular de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, reveló ayer que la Generalitat tiene fotos aéreas de la Comunitat desde hace siete años, los que tiene el Instituto Cartográfico. Sin embargo, sólo desde septiembre se están utilizando «para que no se escape ni un milímetro del territorio» en la búsqueda de casas ilegales. En total, son 2.000.000 de hectáreas.

Así investigarán

¿Qué?: Casas, chalés, piscinas o construcciones que alteren el suelo sin tener licencia municipal.

¿A quién?: A las grandes urbanizaciones ilegales, no a los pequeños dueños.

¿Cómo?: A los policías se unen los aviones que toman las fotos. Llevan infrarrojos para que no se escape ningún detalle.

¿Cuándo?: Ya están en ello, y en unos meses las cotejarán con las antiguas.