El secretario general del PRC y expresidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha reclamado este viernes que sea el Estado y no los cántabros quienes paguen las obras de Valdecilla, y ha denunciado que el concurso de colaboración público-privada convocado por el Gobierno regional es "una estafa, un engaño absoluto a los cántabros, otra mentira más del PP, y un nuevo incumplimiento del Gobierno de España con Cantabria".

Revilla ha mostrado su rechazo a la fórmula escogida por el Gobierno para acabar las obras de Valdecilla, que conlleva la "privatización parcial" del hospital, porque además de ser de "dudosa legalidad", a la vista de los recursos presentados y la paralización cautelar decretada por el Tribunal Administrativo Central, supone el "incumplimiento" del compromiso del presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y del presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, de que el Estado asumiría la financiación íntegra de Valdecilla.

El líder del PRC ha denunciado que para eludir ese compromiso, el Gobierno de Cantabria "ha optado por cargar a las espaldas de los cántabros durante 20 años" la "asfixia" de tener que pagar 30 millones de euros anuales, lo que además redundará "en detrimento de otras inversiones y servicios". Además, ha advertido de la "honda preocupación" que existe entre los "más de 2.000 trabajadores" de las contratas actuales de Valdecilla.

Todo ello es fruto, ha dicho, del "fracaso estrepitoso" de un presidente regional "sumiso" que "no reivindica nada", que "no hace nada" y que pretende implantar en Cantabria el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid para que las grandes empresas privadas acaben el hospital "haciendo negocio" con la sanidad. "No nos vamos a resignar a que nos metan un gol por la espalda", ha subrayado.

El líder del PRC ha criticado la decisión del Gobierno de anular el contrato de las obras de Valdecilla, por la que tendrá que "indemnizar con cantidades millonarias" a las adjudicatarias, y apostilló que ya entonces advirtió que era "el paso" hacia una "privatización parcial" de Valdecilla.

Visión política y jurídica

Aunque desde el punto de vista político el PRC se opone frontalmente al contrato de colaboración público-privada, ha optado por no impugnarlo "para que no se nos acuse de entorpecer", pero "por lo que se ve", dijo Revilla, los que sí lo han hecho -UGT,

Cc oo y PSOE- tienen "sobradas razones".

Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento le genera al PRC "serias dudas", aunque no ha encontrado "razones suficientes" como para impugnarlo. Así lo ha explicado el vicesecretario general del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha señalado que los pliegos "son lo suficientemente indeterminados como para que se pueda generar discrecionalidad en su adjudicación".

En su opinión, el sistema de diálogo competitivo elegido por el Gobierno es "como poco discutible", ya que su utilización debe ser "subsidiaria", sólo "cuando ningún otro es viable".

De la Sierra ha afirmado que el procedimiento "ni satisface a las empresas que acuden a él, ni a los sindicatos, ni a los profesionales ni a los intereses generales", y ha instado al Gobierno a que, aprovechando su paralización cautelar, "reflexione muy seriamente y plantee una alternativa" para concluir las obras de Valdecilla que garantice el cumplimiento del compromiso de financiación del Estado y el mantenimiento de una sanidad pública de calidad.