El juzgado de Ourense acogió el miércoles las declaraciones, en calidad de imputados, de los dos empresarios que fueron socios en el servicio municipal de atención domiciliaria de la ciudad entre los años 2007 y 2011. Uno de ellos, José Troncoso, atribuyó las posibles irregularidades en la facturación y en el funcionamiento a la concejala de Benestar Social, Marga Martín, y a su exsocio, Alberto López.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que este imputado ha indicado que fue una petición de la propia concejala la que pidió presentar aparte de la facturación mensual por el servicio facturas —denunciadas por el partido local Democracia Orensana— por una cuantía de 94.000 y 230.000 euros, de los años 2007 y 2008. Troncoso dijo que la intención era cuadrar contablemente el presupuesto del año anterior y que fue el otro socio, López, quien hizo la presentación.

El otro socio de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Troncoso-Saludges Servicios Sociosanitarios, Alberto López, explicó en una nota de prensa que en su declaración en el juzgado Troncoso se dedicó "a mentir ante el juez" movido "por un claro ánimo de venganza y olvidando sus responsabilidades como titular del 75 por ciento de la UTE en la que era director de operaciones".

Durante la instrucción judicial en torno a la denuncia presentada por Democracia Orensana, se fueron desarrollando hasta ahora las imputaciones de tres funcionarias que ocuparon diferentes cargos de gestión o jefatura en el servicio municipal de Benestar Social de Ourense, la concejala de ese servicio Marga Martín y los dos empresarios que ganaron en concurso público la puesta en marcha de la atención domiciliaria.

En las diferentes declaraciones, afloraron varias posibles facturas falsas y dos "de regularización" que los empresarios atribuyeron a diferentes causas: o bien fueron pedidas por la concejala a la UTE para cuadrar contablemente el presupuesto asignado al servicio, porque no se había consumido, o se hacían para que la UTE cobrase cada año, en una sola factura, los importes por desplazamientos no contemplados en las facturas mensuales o los atribuidos a ajustes al nuevo convenio colectivo del sector.

Además, las facturas de la UTE incluían cuantías por horas de trabajo y por desplazamientos de cada una de las trabajadoras, según el sistema utilizado por la empresa que había desarrollado antes ese servicio, Euxa-Eulén. No obstante, en 2010 se cambió el sistema para pasar a una facturación basada en el número de usuarios del servicio.

La denuncia presentada a finales de 2012 por Democracia Orensana partió de la situación de una trabajadora despedida de la UTE y a partir de ahí reunió documentación que presentó ante la Fiscalía y ahora es investigada en el juzgado de instrucción.

El juez trata de dirimir también por qué la UTE pidió al Ayuntamiento la rescisión del contrato cuando aún faltaba un año para su término, en qué momento de ese proceso se conoció la anulación del contrato por sentencia judicial, y por qué y en qué condiciones se siguió prestando el servicio mientras el ayuntamiento elaboraba las bases para adjudicarlo en otro concurso público.

Careo pendiente de recurso

El juez Antonio Piña, responsable de la instrucción, tiene previsto tomar declaración a otra funcionaria el viernes día 26 de abril y está en suspenso un careo entre la concejala Marga Martín y la funcionaria C.F., ambas imputadas sin delito específico, como todas las demás personas que declararon en calidad de imputadas hasta ahora.

Ese careo fue recurrido por la concejala Martín y hasta que la Audiencia Provincial resuelva, el juez no lo llevará a cabo.

Punto de inflexión

El abogado de los denunciantes, Miguel Caride, explicó a Europa Press que las declaraciones de José Troncoso "suponen un punto de inflexión en este proceso, pues fue honesto, coherente y valiente al explicar claramente como se hicieron las cosas, aunque su responsabilidad sea la misma que la de su socio".

Añadió que la declaración de Troncoso coincidió en los puntos fundamentales con la de la trabajadora despedida, S.P., mientras que lo explicado por Alberto López durante más de dos horas ante el juez "es una declaración bastante débil que quiso justificar lo injustificable, aunque admitió que se facturaban más horas que las correspondientes a trabajos efectuados para compensar las pérdidas que este negocio daba a la UTE y que por eso fue él quien propuso la rescisión del contrato con el ayuntamiento".