Las personas que pierden su vivienda y estén en una situación de exclusión social ya no pagarán las plusvalías municipales. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha acordado modificar las ordenanzas fiscales para que en los casos de pérdida de vivienda por dación de pago sean los bancos los que carguen las plusvalías en lugar de los ciudadanos que se quedan sin hogar.

Así lo ha explicado el portavoz del Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez, en la habitual rueda de prensa de cada miércoles posterior a la reunión de la Junta, quien ha precisado que esta medida se enmarca en el compromiso adquirido por el equipo municipal de "dar soluciones relacionadas con la problemática que tiene los ciudadanos afectados por los desahucios".

De este modo, en el caso de las daciones en pago - la entrega de la vivienda para saldar una hipoteca que no se puede pagar - la persona que entrega la vivienda deberá comunicar al Consistorio de que "la vivienda ya no está a su nombre y que la ha dado a una entidad financiara, pero ya no tendrá que pagar la plusvalía como se había hasta ahora", ha indicado el portavoz 'popular'.

A partir de este momento, serán los servicios municipales los que valorarán si el afectado está en una situación de riesgo de exclusión social y, de ser así, se reclamará al banco el pago de dicho impuesto.

En este punto, el portavoz del equipo de gobierno ha explicado que también se ha acordado la "prohibición" expresa de "hacer pactos" entre las entidades financieras y el vendedor afectado por una dación de pago, para que sea éste el que asuma el coste de dicho tributo.

Se trata de evitar que "algunas" entidades financieras "tengan la tentación de hacer una mala praxis" ya que, tal y como ha constatado Martínez, han detectado casos en los que los bancos no ponen la palabra "dación de pago" en las escrituras de cancelación de hipoteca y "lo esconden con nombres diferentes", como el de transmisión patrimonial o transmisión de vivienda, ha precisado.

Ante este tipo de situaciones, el Ayuntamiento "iniciará una batalla" para que se apliquen "buenas prácticas" y se ponga el nombre de dación de pago, al tiempo que ha advertido que, de no ser así, se aplicarán cuantiosas sanciones económicas y se enviarán inspecciones.

Protección de la barriada de santa catalina

Por otra parte, la Junta de Gobierno municipal ha acordado "dar un primer paso importante" en el compromiso del equipo de gobierno para la protección de la "emblemática" barriada de Santa Catalina y se ha dado el visto bueno a la aprobación inicial del área de régimen especial en la zona.

Mientras se hace efectiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma para delimitar el área de régimen especial para mantener la morfología tradicional de Santa Catalina, se han establecido una serie de condiciones que suponen "un filtro" para preservar el barrio.

Martínez ha precisado que, aunque no se ha aprobado ninguna moratoria, se ha acordado que cualquier tipo de modificación en los edificios del área afectada por la protección deberá contar con la autorización de la Comisión del Centro Histórico, una premisa que se "amplía a todos los edificios aunque no estén catalogados".

Otro de los acuerdos destacados de la reunión semanal consiste en la modificación de los proyectos financiados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para el periodo 2013-2017, por una inversión de 1,7 millones de euros.

Así, Cort redactará dos proyectos encaminados, por un lado, a impulsar la recogida selectiva de la empresa municipal Emaya y, por otro, a arreglar el alcantarillado de Sa Llonja de Palma "para evitar las típicas inundaciones que se producen en esta zona de Palma", ha manifestado el portavoz del Consistorio.