El diputado de UPyD en la Junta General del Principado, Ignacio Prendes, ha propuesto un plazo máximo de 18 meses a la nueva ley de función pública para la supresión o enajenación de empresas y sociedades autonómicas que establezca la nueva norma.

El parlamentario ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa un total de seis enmiendas parciales que su grupo presentará al Proyecto de Ley del Principado de reestructuración del sector público, entre las que destaca una en este sentido.

En la misma se plantea que "las autorizaciones de enajenación y disolución de las sociedades contempladas en la presente ley se entenderán concedidas por el plazo de 18 meses, a contar desde el día de su entrada en vigor".

La formación también contempla que en el caso de la enajenación de participaciones (caso, por ejemplo de la empresa Sedes), se haga, en palabras del diputado, "garantizando que no se malvendan", y que se lleven a cabo "en las mejores condiciones posibles", estableciendo la necesidad de previo acuerdo del Consejo de Gobierno, y limitando al cumplimiento de una serie de requisitos la adjudicación directa, entre otras cuestiones.

UPyD propone que la fusión de Bomberos de Asturias y 112 en un nuevo y unificado servicio de emergencias, se efectúe mediante una nueva ley reguladora que defina los servicios.

Plantea también que en el caso de la sociedad Gestión de Infraestructuras y Telecomunicaciones (Gitpa), cuya supresión prevé el proyecto de la futura ley, se garantice la continuidad de la prestación de estos servicios a la Administración.