La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha acusado este viernes al equipo de gobierno del PP de "castigar" a los malagueños con la subida generalizada de las tasas urbanísticas para financiar sus "errores" de gestión de los últimos años, con el incremento de un 15 por ciento de los precios públicos para este ejercicio y 800.000 euros de ingresos.

Gámez ha denunciado que se practique esta subida en unos momentos de "apuro económico" para la mayoría de las familias malagueñas y que este incremento esté motivado por una política basada en convenios urbanísticos que "han sido un absoluto fracaso", al tiempo que ha destacado la necesidad de impulsar medidas de estímulo económico "y no de paralización con el cambio de unas tasas que están en vigor desde 1990".

"Se trata de unas subidas injustas socialmente que pondremos de relieve en la próxima Comisión de Economía y Hacienda, que afectarán sobre todo a las familias con menos recursos y, en especial, por el incremento que experimentará la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que sufren los inmuebles más antiguos y que crecerá hasta los 30 euros en los casos favorables y hasta los 50 euros en los desfavorables", ha indicado en rueda de prensa.

Igualmente, la portavoz ha criticado que hayan desaparecido con la revisión de las tasas urbanísticas las bonificaciones para las obras en Viviendas de Protección Oficial (VPO) y las que disponen de interés social o educativo.

En este sentido, ha lamentado "el afán recaudatorio" y ha acusado al equipo de gobierno del PP de "engañar" a los ciudadanos, que "deberán pagar este año por el despilfarro de proyectos como el edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que llegó a un coste de 36 millones de euros".

"Es inaceptable que digan que se reducen las tasas o que baja la de licencia de obra menor cuando esta reducción es de sólo 92 céntimos de euro", ha expuesto, a la vez que ha destacado que ahora se cobra 120 euros por una licencia de primera ocupación cuando antes estaba exenta de pago, al igual que por la tasa por cambio de uso o por el cambio de titularidad, a lo que ha añadido que se trata de "una tomadura de pelo" a los ciudadanos.

Gámez ha puesto de relieve que la revisión de este tipo de tasas no ha contado con la participación de nadie y ha asegurado que cuenta con la oposición de las asociaciones de consumidores y usuarios, promotores y constructores, así como del Colegio de Arquitectos "por afectar a los malagueños con menos recursos y frenar la estimulación económica".

Por todo ello, ha anunciado las enmiendas que ha presentado su grupo a la nueva ordenanza con el fin de evitar que "se cargue sobre los bolsillos de los malagueños los errores urbanísticos basados en unos dañinos convenios urbanísticos".

De la torre

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha rechazado estas críticas. "Niego la mayor", ha dicho, argumentando que "se cobra por debajo de lo que realmente cuestan los servicios". De hecho, ha afirmado que lo que hay es "un afán de ser flexibles y comprensibles hacia el sector".

"Hay una bajada, incluso, en algunos casos y lo que se trata con las tasas es cobrar lo que cuesta a la Administración desarrollar ese servicio que se presta al ciudadano", ha aseverado, insistiendo en que "se cobra sólo un porcentaje, ni mucho menos el 100 por ciento; siempre bastante por debajo del costo".