El Gobierno vasco reclamará al Gobierno central la gestión de la ayuda de 400 euros para parados de larga duración y, en el caso de no alcanzar un acuerdo, recurrirá al Tribunal Constitucional, al considerar que esta competencia corresponde al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

El Ejecutivo autonómico, en la reunión de su Consejo de Gobierno de este martes, ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 1/2013, al considerar que "invade" las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Este decreto contempla una serie de medidas, conocidas como 'Plan Prepara', consistentes en ayudar, durante seis meses, con 400 euros a los parados de larga duración que hayan agotado su prestación por desempleo.

Seis meses para negociar

El Gobierno vasco ha optado por dirimir esta cuestión en la Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco. De esa forma, planteará este asunto al Gobierno central, que si acepta, abrirá un plazo de seis meses para negociar los artículos en conflicto por "invasión competencial".

El Gobierno vasco cree que esta ayuda debería gestionarse a través de Lanbide y no a través de la Seguridad Social. El gabinete de Iñigo Urkullu estima que este Real Decreto-Ley "invade" la capacidad de gestionar la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de Políticas Activas de Empleo, transferida desde 2010.

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