La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha manifestado que no tiene "nada que ver" con el proceso de contratación de personal de un geriátrico en Vimianzo (A Coruña) en el que podría haberse cometido un delito de tráfico de influencias con la colocación a dedo de sus trabajadores por recomendación de políticos.

El diario 'El País' publica este lunes que el juez que instruyó la Operación 'Orquesta', Andrés Lago Louro, propone, en el auto que da por concluida la investigación, abrir diligencias judiciales para indagar si el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba (PP), incurrió en un delito de tráfico de influencias junto con la titular del departamento autonómico.

"Desconozco si es la propuesta de un juez", ha señalado Mato al remarcar que se trata de una cuestión que aparece "en un medio de comunicación". No obstante, ha recalcado que "no hay ninguna investigación abierta" sobre un proceso de contratación "de una empresa privada que tiene su regulación y su manera de trabajar".

"No tuve nada que ver en ese proceso de contratación ni en ningún otro de cara a la mediación", ha insistido Mato, después de que la información apunte, en referencia al auto judicial, que habrían aparecido indicios "que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de tráfico de influencias", en alusión a peticiones para contratar a determinadas personas.

Apertura de juicio

Mientras, sobre el auto del juez instructor, que concluye con 26 imputados por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, entre ellos los alcaldes de Fisterra y de Mazaricos, José Manuel Traba y José Manuel Santos, ambos del PP, el presidente de la formación popular en la provincia coruñesa, Carlos Negreira, ha evitado pronunciarse argumentando que "está por decidir la apertura de juicio oral por la Audiencia".

"Esperemos el resultado", ha insistido Negreira a preguntas de los periodistas coincidiendo con su presencia, junto a la conselleira Beatriz Mato y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto con alcaldes de la provincia para abordar el convenio suscrito por la Administración autonómica y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los desahucios.