El Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Sevilla ha consumado una modificación presupuestaria dentro de la cual figura una consignación de 113.806 euros, en concepto del "pago de rentas debidas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en ejecución de sentencia dictada contra" del propio Consorcio. En concreto, y según la documentación consultada por Europa Press, esta decisión ha sido adoptada en la sesión celebrada el 2 de abril por el comité ejecutivo del Consorcio Metropolitano.

Cabe recordar, al respecto, que el pasado 5 de abril ADIF y la Consejería de Fomento y Vivienda, socio mayoritario del Consorcio Metropolitano, alcanzaron finalmente un acuerdo para la restitución del tráfico de autobuses públicos, ciclistas y peatones en el puente de la Señorita, que conecta Camas con la isla de la Cartuja y que pertenece precisamente a ADIF.

El conflicto del puente

Y es que el pasado 11 de marzo, los autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes habían dejado de utilizar la plataforma reservada para el transporte público habilitada sobre el puente de la Señorita, que salva el cauce vivo del Guadalquivir y albergaba antaño la línea ferroviaria Sevilla-Huelva. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), titular de esta infraestructura, procedió a continuación a su cierre.

La decisión del Consorcio Metropolitano de Transportes surgía después de que, en 2010, expirase el contrato de arrendamiento gracias al cual los autobuses metropolitanos utilizaban este puente. Mientras este contrato estipulaba un alquiler anual de 30.000 euros con destino a ADIF, mediaba en el conflicto una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número diez que condena al Consorcio Metropolitano de Transportes a abonar a ADIF una cuantía por el impago de anualidades, pues dicho organismo estatal consideraba que el contrato de alquiler estaba prorrogado tras haber finalizado su vigor pero seguir el puente a disposición del Consorcio.

Por fin de acuerdo

Tras la correspondiente negociación, el pasado 5 de abril ADIF y la Consejería de Fomento y Vivienda acordaron la reapertura del puente a través de una cesión del uso de la infraestructura en favor de la administración andaluza, que debe hacerse cargo de los gastos de conservación y mantenimiento de dicho puente.