El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, ha defendido este viernes la legalidad del acuerdo, impugnado por la Junta de Andalucía, que adoptó el Pleno municipal el pasado diciembre, cuando aprobó por unanimidad, con los votos a favor del gobierno del PP y de la oposición (UCOR, IU y PSOE), el Plan Especial Carretera de Palma, el cual permitirá la legalización de parte de las llamadas naves de Colecor, levantadas sin licencia en su día por el empresario y líder de UCOR, Rafael Gómez.

En rueda de prensa, Durán, quien ya manifestó que le pareció insuficiente la información difundida por la Junta sobre los motivos que la han llevado a impugnar dicho acuerdo plenario, ahora, tras conocer el contenido de la solicitud de la Administración autonómica de que se suspenda la aplicación del Plan mientras se resuelve el recurso concencioso-administrativo cuya presentación ha anunciado, el también secretario general del PSOE en Córdoba ha dicho que los socialistas cordobeses siguen defendiendo el acuerdo plenario adoptado, pues, además, "no es verdad", como se afirma por la Junta, "que alguien tiene que venir a restaurar la legalidad".

En este sentido, Durán ha subrayado que "nadie ha cometido ninguna ilegalidad en el Ayuntamiento de Córdoba, y menos aún el Grupo Socialista, al votar el Plan Especial Carretera de Palma", ya que se hizo contando con los preceptivos "informes elaborados por los abogados y técnicos de la GMU y del Ayuntamiento" y "sin ningún viso de ilegalidad".

Según ha resaltado el portavoz socialista, "tanto la impugnación, que legítimamente ha presentado" la Junta, "como la aprobación por el Pleno del Plan Especial Carretera de Palma, harán, al final, exactamente lo mismo", es decir, tanto si se aplica el Plan tal y como se aprobó por el Pleno, como si se aplican las correcciones que pretende la Junta, "se legalizarán unas construcciones ilegales que se hicieron en su momento fuera de la ordenación urbanística".

La diferencia, según ha aclarado Durán, es que en el primer caso, "se podrá legalizar hasta el 21% de la edificabilidad de los metros cuadrados de la zona industrial histórica", mientras que, en base a lo que argumenta la Junta, se podrá legalizar "el 16,78%", lo cual en la práctica implica que "al final habrá 25.000 ó 20.000 metros cuadrados" de las naves de Colecor "que quedarán en pie y legalizados".

También hay otra diferencia, "entre la interpretación" que hace la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y "la que hacen los servicios técnicos y jurídicos" del Consistorio, que se refiere a los usos que podrán tener las instalaciones que allí queden. Según la Junta solo se podrá permitir el almacenaje para los usos industriales históricos que ha tenido la zona, "de leche y de butano", entre otros, "pero al final resulta que se permite el almacenaje", según ha insistido Durán.

Por último, respecto a la posibilidad de que el Ayuntamiento se oponga a la medida cautelar que la Junta quiere que adopte el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en cuanto a que se suspenda la aplicación del Plan mientras el alto tribunal andaluz resuelve sobre el recurso mediante el que pretende impugnar el Plan, Durán ha dicho que "los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo tienen claro", solo tendrán que recordar que cuando la Junta recurrió el anterior Plan, el TSJA no aceptó las medidas cautelares que pidió la Administración autonómica.