Los consejeros de Educación y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, María del Mar Moreno y Antonio Ávila, respectivamente, han rechazado este jueves la distribución de fondos entre las comunidades autónomas para las políticas activas de empleo de 2013, aprobado en la Conferencia Sectorial de Empleo, al considerar que las mismas están "dotadas de forma insuficiente" y que "perjudican a Andalucía".

Tal y como había adelantado Ávila al inicio de la reunión, en 2012, el Gobierno de España recortó en un 57 por ciento las políticas activas de empleo, una reducción "que se ha consolidado en 2013" ya que los 1.342,6 millones de euros que el Gobierno de España destina en 2013 para el conjunto de España son solo 23,8 millones de euros más que en 2012 (un 1,8 por ciento más), mientras que hay 690.000 parados más.

De esa cantidad, Andalucía recibirá 298,5 millones de euros en 2013, solo 62.000 euros más que en 2012, a pesar de que el desempleo se ha incrementado en 194.100 personas, un 15,5 por ciento más. Por cada parado andaluz, según ha explicado el titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el Gobierno destina 24 euros menos que por cada desempleado del resto de España.

Ante la insuficiente dotación de las políticas activas de empleo, el consejero Ávila ha considerado que el Ministerio podría disponer de más recursos si aplicase toda la anualidad del Programa de Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo a las políticas activas de empleo de forma ya se sumarían más de 440 millones de euros al objetivo de combatir el paro.

Por todo ello, la Junta de Andalucía insiste en la necesidad de que el Gobierno de España articule un plan especial de empleo para Andalucía similar al que plantea nuevamente para Extremadura y Canarias. Ésta es una reclamación compartida por la Junta y los agentes sociales y económicas y así queda recogido en el Pacto por Andalucía firmado el pasado mes de marzo.

En este contexto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado una propuesta de acuerdo marco para la contratación de servicios privados que desarrollen la intermediación laboral. El Gobierno andaluz ha planteado al Ministerio que sea una actividad complementaria no sustitutiva de los recursos públicos y que tenga recursos adicionales.

Del mismo modo, ha defendido que no existan barreras de entrada a empresas y entidades, por ejemplo, limitación de facturación (un millón de euros) ni subcontratación ni exclusividad entre la relación entre servicios públicos de empleo y entidades de intermediación.

En este punto, la Junta ha propuesto a la ministra que facilite que puedan conformarse empresas, sociedades o cooperativas por parte de los antiguos orientadores y promotores con acreditada competencia profesional para que puedan acceder al acuerdo. Se trata de un colectivo de más de 800 personas en Andalucía y en torno a 3.000 en España.

"drástica" reducción para la formación

Por su parte, la consejera de Educación, Mar Moreno, que ha asistido por primera vez a la Conferencia tras asumir su departamento las competencias en Formación Profesional para el Empleo, ha ofrecido a la ministra la colaboración de la Consejería para mejorar los programas formativos en este ámbito. Moreno se ha mostrado convencida de que Andalucía va a "abrir caminos" en la puesta en marcha de programas innovadores, para lo que espera contar con la colaboración específica del Ministerio.

En esta primera reunión, la consejera de Educación ha trasladado su preocupación por la "drástica" reducción de recursos económicos y ha pedido también que se "refuercen las garantías públicas" en relación a la acreditación de competencias profesionales. Asimismo ha puesto de manifiesto la necesidad de que las programas de formación se realicen en un marco de colaboración y participación con los agentes sociales.