El Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía están colaborando para atender a las familias del edificio situado en el número 6 de la calle Curadero. En concreto, se ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los 13 inquilinos, que serán realojados de manera provisional a través de distintos planes.

Así se ha acordado este jueves en una reunión que ha contado con la participación del delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado; el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares; el gerente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), Juan Peña, y técnicos de ambas entidades.

Ambas administraciones han sentado las bases para afrontar la solución de las familias de forma conjunta, dado que "la colaboración permitirá ofrecer soluciones con mayor rapidez y eficacia", según han indicado la Junta y el Ayuntamiento en un comunicado.

Para agilizar la atención a estas personas, se va a atender la petición solicitada por EPSA al Consistorio de forma que mediante los mecanismos municipales se proceda al realojo provisional de los inquilinos y a darles cobertura a través de distintos planes.

SOLIVA

Por un lado, se ha decidido que una de las familias se realoje de forma provisional en una vivienda de Soliva, en régimen de alquiler, ya que es el único piso que está actualmente libre en el parque municipal.

El resto de inquilinos se entrevistarán con los trabajadores sociales del Ayuntamiento y con EPSA para estudiar las distintas alternativas y planes que se les pueden ofrecer y para tramitar los expedientes con la urgencia que la situación requiere.

Asimismo, y conforme estaba previsto, el gerente de EPSA se ha reunido también este jueves con todos los vecinos de este inmueble, propiedad de la Junta y cuyo desalojo ordenó el Ayuntamiento de Málaga por no reunir las condiciones de estabilidad y salubridad necesarias.

El gerente les ha transmitido la posición de EPSA y de la Consejería de Fomento y Vivienda de considerar "urgente" y "prioritaria" la solución para cada una de las familias, en función de sus circunstancias y necesidades individuales, comprometiéndose expresamente al realojo urgente, tanto en pisos de propiedad pública como, en su defecto, del mercado libre.

En este segundo supuesto con carácter transitorio, hasta que se puedan realojar definitivamente en viviendas públicas, de forma que todas las familias tengan, por una u otra vía, el amparo que en estos momentos necesitan.