La nueva Ley gallega del empleo público "actualizará" la legislación vigente y la adaptará a la norma básica estatal, de forma que "unificará" el tratamiento a los empleados públicos autonómicos y también incluirá un plan de ordenación de recursos humanos, que contempla la posible "reasignación" de efectivos según las necesidades de cada área, aunque no conllevará "despidos".

Así lo ha manifestado la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, que ha comparecido con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para desgranar una ley que situará a Galicia a la "vanguardia". Y es que este marco legislativo "estable y único" afectará no sólo a los empleados públicos de la Xunta, sino también de entidades locales, entes instrumentales, al personal de administración de universidades y a otros órganos como, por ejemplo, el Consello Consultivo.

Entre sus principales novedades, la conselleira ha señalado que se apuesta por el "principio de evaluación continua" de la actuación de los empleados públicos, lo que significa ratificar la carrera horizontal de los funcionarios y una "progresión profesional" sin cambio de puesto de trabajo. Quedarán "homogeneizadas" sus condiciones laborales y, de forma genérica, Muñoz ha señalado que se tendrán en cuenta los "méritos".

Asimismo, Muñoz ha subrayado que también se podrá "incentivar" el trabajo de los empleados públicos y "estimular" su formación y eficiencia, además de "valorar" su actitud profesional individual. Sobre cómo se podrían materializar estos "incentivos", la conselleira ha indicado que cualquier tipo de posible ascenso o de mejora económica, se concretará en un posterior desarrollo de la ley.

Además, por primera vez se regula la figura del personal directivo profesional, que será seleccionado exclusivamente por criterios "de igualdad, mérito y capacidad".

Funcionarización y polivalencia

En la norma se incluyen también los procesos de "funcionarización" del personal laboral fijo, lo que permitirá "un ahorro" en el conjunto del personal funcionario.

Según ha detallado Muñoz, se establecen medidas que servirán para aumentar la polivalencia de los empleados, como la posibilidad de ocupar diferentes puestos de trabajo. También se favorece el incremento de la productividad, ha insistido, "incentivando la iniciativa y el esfuerzo" de los empleados públicos.

Feijóo y Muñoz han incidido en que la ley "racionaliza y moderniza" el funcionamiento del sector público, al tiempo que se "reduce" la burocracia y "simplifica" la organización. También recoge "los derechos y deberes de los empleados públicos, así como un "régimen disciplinario" para que "impere el principio de legalidad".

Igualmente, permitirá la adaptación de la nueva ordenación estatal europea sobre estudios universitarios, así como la inclusión de nuevas agrupaciones profesionales y la apertura de titulaciones para cuerpos y escalas. Del mismo modo, establece "derechos" para las empleadas víctimas de violencia machista y para personas con discapacidad psíquica, con reserva de plazas en los procesos de acceso a la Administración pública.

Aprobada este año

El objetivo del Gobierno gallego es buscar "el consenso" con los sindicatos, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las tres universidades. Muñoz ha señalado que confía en que pueda ser aprobada este año.

Hasta el momento sólo tres comunidades han desarrollado el Estatuto básico del empleado público —Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha—, por lo que tanto el presidente como la conselleira han incidido en que, con la misma, Galicia se situará "a la vanguardia".