El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha lamentado que "ciertos sectores económicos y financieros tachen de inconstitucional" el decreto-ley de Función Social de la Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, "sin haberlo leído", dado que no se ha publicado hasta este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

A preguntas de los periodistas, tras entregar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la memoria anual de la institución correspondiente a 2012, Cano Bueso ha considerado que se debería ser "muchos más leal, desde el punto de vista institucional, y valorar el esfuerzo que hace una administración para dar una respuesta a un problema de manera extraordinaria a la sociedad española".

"Y ya veremos si es constitucional o no", ha apuntado el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, quien ha querido dejar claro que la Junta no tenía la obligación de consultar con esta institución el citado decreto-ley, por ser tratarse de una fórmula legal, que por "su extraordinaria y urgente necesidad", no tiene que pasar por el Consejo Consultivo.

Cano Bueso, que ha reconocido que no ha tenido la oportunidad de leer y analizar el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, sí ha constatado la "preocupación" de los distintos gobiernos de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán por el acceso a una vivienda digna, "un derecho que no es fundamental, pero que sí supone una política pública de primera magnitud".

Según ha apuntado, este derecho no se satisface solo con la adquisición de una vivienda en propiedad, sino también con el uso de una vivienda en régimen de alquiler. "Por tanto, la obligación que incumbe a las administraciones públicas es poner un parque de vivienda a disposición de los ciudadanos para que éstos puedan satisfacer el derecho de acceso a una vivienda digna", ha añadido.

Ve "conveniente" analizarlo durante el trámite parlamentario

El presidente del Consejo Consultivo ha insistido en que aunque el decreto-ley no tiene que para por este órgano, sí existe la posibilidad de que durante el trámite parlamentario como proyecto de ley, el Consejo de Gobierno pueda plantear un dictamen facultativo para que el Consultivo estudie y analice "determinados aspectos presuntamente controvertidos" del decreto.

"Podría suceder que fuese así", ha aseverado Cano Bueno, para quien "probablemente sea conveniente y sensato" que el Consultivo analice este decreto durante su tramitación parlamentaria, que suele durar entre dos y tres meses. "Hay tiempo más que suficiente para el Consultivo pueda realizar su dictamen e incidir en las enmiendas de aquellos aspectos que jurídicamente pudieran ser controvertidos", ha concluido.