El abogado de Gómez-Acebo & Pombo Rubén Ferrer ha insistido en que el acuerdo marco que firmó en Zurich (Suiza) el Gobierno de Cantabria en la operación de compraventa del Racing de Santander a Ali Syed se apartó en "muchos aspectos" de la versión que redactó su despacho.

Ferrer, que actualmente trabaja en Nueva York para Gómez-Acebo & Pombo y que ha comparecido en la comisión de investigación de Cantur a través de videoconferencia, ha explicado que la primera recomendación que hizo al Gobierno de Cantabria, concretamente a los servicios jurídicos del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), fue que, en la operación, fuera el Racing el que quedara como "deudor" de Cantur por el préstamo participativo, no WGA.

Finalmente esto no se hizo así y WGA fue deudora de Cantur, en lugar de "fiadora" del Racing en su deuda con el Gobierno de Cantabria por el préstamo participativo que Dumviro Ventures no saldó.

También, ha asegurado que recomendaron que se elevaran a públicos los contratos como es "habitual" en este tipo de operaciones, algo que, finalmente no se hizo, tras el cierre de la operación porque, según ha explicado, "la otra parte" no estaba en disposición de hacerlo en ese momento, si bien se previó hacerlo posteriormente, algo que nunca llegó a llevarse a cabo.

Sin embargo, ha señalado que el borrador que hizo Gómez-Acebo & Pombo fue "evolucionando" con las modificaciones de las otras partes. En este sentido, ha apuntado que el bufete analizaba cada cambio, su implicación y las consecuencias que podría tener el incluirlo.

Sin embargo, Ferrer, al igual que hizo otro compañero de bufete, Ángel Varela, que también participó en la labor de asesoramiento al Gobierno de Cantabria en esta operación, ha insistido que en que Gómez-Acebo & Pombo "no toma decisiones", sino "asesora".

Cuestionado por las garantías en el contrato entre WGA y el Gobierno regional ha opinado que "lo ideal hubiera sido otro tipo de garantías", si bien ha opinado que eso es algo que dependía de la "fuerza negociadora" de cada parte.

En relación al aval de 1,5 millones de euros para garantizar una operación de 6,5 millones y al levantamiento de la prenda por parte del Gobierno regional necesario para materializar la operación, el letrado de Gómez-Acebo & Pombo ha afirmado que, desde el bufete, se "aseguraron" de que el Ejecutivo regional supiera qué suponía cancelar la prenda y qué consecuencias podía conllevar.