Un total de 39 personas de la provincia de Málaga que se encuentran en situación de especial emergencia son susceptibles de ser las primeras a las que se les aplique el nuevo Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado en el Consejo de Gobierno de este pasado martes y que entrará en vigor a partir de este jueves, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Así lo han informado este miércoles el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el responsable territorial de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, quienes han estimado que en la provincia el número de viviendas vacías pueda rondar las 119.000, de las que aproximadamente el 50 por ciento corresponderían a inmuebles en propiedad de entidades financieras, sociedades patrimoniales o inmobiliarias.

En este sentido, lo primero que se procederá a realizar es un registro de viviendas vacías y una tarea inspectora, como ha especificado en rueda de prensa García Peláez.

Esta nueva normativa complementa acciones de la Consejería de Fomento y Vivienda como la de la Oficina de Mediación Hipotecaria, que lleva seis meses funcionando en Málaga. En este tiempo, ha atendido de manera presencial a 476 personas, de las que 39 son las que se encuentran en una situación de especial emergencia.

También se han registrado un total de 323 casos de intermediación con los bancos y entidades financieras con resultados satisfactorios. De hecho, se han logrado 54 daciones en pago o consecuciones de alquiler social; dos paralizaciones de subastas, o un 100 por ciento de éxito en las negociaciones sobre avalistas.

En Málaga, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron el año pasado más de 3.200 desahucios y existen registradas 7.658 personas demandantes de alquiler en la provincia, tal y como ha apuntado García Peláez.

También ha destacado que, en el último mes, tras el convenio firmado con Cruz Roja, Málaga Acoge y la Plataforma Anti Desahucios se ha duplicado el número de atenciones diarias en la Oficina, que ha pasado a cinco.

Para Ruiz Espejo, el nuevo decreto ley es "una decisión política de gran calado social, que responde a una demanda ciudadana y que convierte a Andalucía en un referente por demostrar que se pueden tomar decisiones de otra manera, anteponiendo los intereses generales a los particulares".

Como ha dicho, "la actitud del Gobierno andaluz contrasta con cómo el Gobierno de España está descafeinando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre los desahucios", ha señalado Ruiz Espejo, quien ha añadido que en el nuevo marco la Junta deja claro que "la vivienda no se puede tratar como una mera mercancía, sino como un derecho, tal y como se explicita en la Constitución".

Por su parte, García Peláez ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los particulares que tengan pisos vacíos y, en especial, al sector turístico y de la segunda residencia. "Este decreto no afecta en modo alguno a las personas físicas, sino que se dirige a entidades financieras, sociedades patrimoniales e inmobiliarias; es decir, apunta directamente a quienes han provocado esta crisis", ha subrayado.

Ante las críticas que ha recibido este decreto ley, el delegado territorial de Fomento y Vivienda ha incidido en que "la Junta está obligada a defender el interés general". "Hay razones suficientes para seguir planteando que lo que se está haciendo se está haciendo bien y de manera eficaz para así dar solución a la situación de emergencia social que viven muchas familias", ha declarado.

Decreto ley

La norma, que posteriormente será tramitada en el Parlamento como proyecto de ley, tiene como principal objetivo hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la Comunidad autónoma: entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.

Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler, se crea un nuevo régimen sancionador y se establece la expropiación temporal del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario en los casos más graves de emergencia social de las familias.

De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre personas propietarias y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliarlas a precios adecuados.

En cuanto al régimen disciplinario, el decreto ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial.

Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros. La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo de este derecho.

La normativa regula la figura de la vivienda vacía y considera como tal aquella que, reuniendo todos los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas, por tanto, las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico.

Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista, ha resaltado García Peláez.

Registro de viviendas deshabitadas

La nueva regulación establece la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.

El decreto ley incorpora una disposición adicional que posibilitará a la Administración autonómica expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de los inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio.

Con ello se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas en especiales circunstancias de emergencia social que se ven afectadas por estos procesos de ejecución hipotecaria, dando así una respuesta inmediata al drama social de los desahucios.