El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha dicho que la nueva reforma eléctrica que ha planteado el Gobierno del Estado es una "cacicada más en contra del autogobierno de Canarias y del respeto a su singularidad".

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto sobre el proyecto de ley de fomento de la competencia y refuerzo de la seguridad en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, Paulino Rivero ha avanzado que el Ejecutivo canario utilizará todos los instrumentos que establece el estado de derecho para recurrir esta reforma.

En su intervención, Rivero ha insistido en que esta reforma es una "cacicada" en tanto en cuanto la ley vigente contempla una disposición especial para los territorios insulares y extrapeninsulares que obliga al Gobierno a formalizar acuerdos previamente con estos territorios en aquellas cuestiones que tengan que ver con el suministro de la energía eléctrica.

Asimismo, ha considerado "muy dudoso" el fondo de este proyecto de ley porque el sistema eléctrico en Canarias está liberalizado desde hace "mucho tiempo". Por tanto, entiende que no va a conseguir el abaratamiento del precio de la energía en Canarias, que es "homogéneo" en todo el Estado español.

También tildó de dudosas las acciones que se han llevado a cabo para las regasificadoras y las estaciones de bombeo de agua, pues asegura que las adjudicaciones se han hecho "a dedo" y haciendo una "intervención clara" en el sistema.

Rivero admitió que Canarias necesita un control público de los sistemas eléctricos, pero consideró que "una cosa es el control público y otra es el intervencionismo para jugar en contra de los intereses de Canarias".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, ha señalado que la ley en tramitación invade competencias de la Comunidad Autónoma, paraliza las inversiones previstas poniendo en riesgo la seguridad del sistema eléctrico de Canarias, retrasa inversiones estratégicas, aumenta la burocracia y genera una "potente" inseguridad jurídica porque se va a judicializar todo el proceso de instalaciones en Canarias.

Ha añadido que, además, que favorece el monopolio de Red Eléctrica de España, que pasa a ser operador, transportador y productor de energía, y se nacionalizan recursos privados sin que existan "razones aparentes" que lo justifiquen.

En su opinión, "es curioso que quien privatizó Unelco, quince años después habla de romper el llamado monopolio privado". Por ello, consideró que el Gobierno de Canarias debe exigir responsabilidades y utilizar todos los medios a su alcance para conseguir que no se ningunee a la Comunidad Autónoma.