Entre 2.000 y 2.500 personas con discapacidad en Castilla y León se podrán beneficiar "de forma inmediata" del nuevo convenio aprobado por el Gobierno de España para favorecer la inclusión laboral de este colectivo, que entró en vigor el pasado 1 de abril.

De esta forma, las personas con discapacidad, unas 34.000 en toda España, podrán acceder a las prestaciones por jubilación, muerte y supervivencia sin necesidad de haber acreditado un periodo previo de cotización, algo que el secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha calificado de "inédito".

Asimismo, Burgos, ha recalcado que el objetivo es que en un futuro pueda llegar a "todos los discapacitados en disposición de trabajar", varios millones en todo el país.

El secretario de Estado ha participado este lunes en una reunión en Valladolid con representantes del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León (Cermi CyL), encabezados por su vicepresidente, Luis Ángel Pérez.

Dicho convenio emana de la Ley de 2011 sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social, para que personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral puedan suscribir convenios específicos con la Seguridad Social.

Pacto de toledo

Burgos ha recordado que esta medida se contemplaba ya en el Pacto de Toledo, aunque no había sido desarrollada hasta ahora y ha defendido que ante las actuales dificultades obligan a buscar "nuevos espacios de igualdad" y, de esta forma, "superar obstáculos y barreras".

Por ello, ha insistido en la "importancia" de que "llegue a todos los potenciales beneficiarios", por lo que ha justificado la reunión de este lunes, a la que también ha acudido el delegado de Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y el director general de Familia y Políticas Sociales de la Junta, Carlos Raúl de Pablos.

Así, Tomás Burgos ha destacado que se trata de un "día importante" y ha subrayado el "cambio sustancial" en la Seguridad Social, pues supone la sustitución de las aportaciones actuales por cotizaciones con un coeficiente determinado para "adaptar la protección social a las circunstancias de estas personas".

Al mismo tiempo, ha defendido la voluntad de "diálogo" del Ejecutivo con los colectivos de discapacitados para incorporar sus demandas al convenio.

Por su parte, el vicepresidente de Cermi en Castilla y León se ha felicitado por esta medida que le gustaría que "nunca tuviera que entrar en vigor" porque existiera una "igualdad de oportunidades" y, por lo tanto, "no hiciera falta".

Luis Ángel Pérez ha recordado las manifestaciones que su colectivo ha desarrollado contra los recortes en materia de apoyo a los discapacitados del Gobierno, pero ha insistido en que estas asociaciones "siempre han reclamado diálogo y poder participar en las negociaciones" de las decisiones que los afectan, por lo que ha reconocido el acuerdo con el Ejecutivo y ha asegurado que el convenio supone "un paso adelante".