UGT exige la retirada de la última reforma de pensiones y llama al Gobierno a "abrir el proceso de diálogo social"

Critica que el Ejecutivo "impone medidas de recorte" a las pensiones y le pide que "respete" el Pacto de Toledo
Jesús Santos y Carmen López, de UGT.
Jesús Santos y Carmen López, de UGT.
EUROPA PRESS
Jesús Santos y Carmen López, de UGT.

La secretaria de Política Social de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, Carmen López, ha exigido al Gobierno central que retire el Real Decreto 5/2013 aprobado el pasado 15 de marzo y que "impone medidas de recorte al conjunto de las pensiones de los trabajadores".

Así lo ha señalado López en una rueda de prensa que ha ofrecido en Pamplona junto con el secretario de Acción Sindical de UGT de Navarra, Jesús Santos, con motivo de una jornada que el sindicato celebra este miércoles sobre la última reforma de las pensiones.

López, que ha recordado que UGT ha remitido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, un informe en el que se detalla por qué el sindicato rechaza esta medida, ha llamado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a "sentarse con los agentes sociales, abrir el proceso de diálogo social y respetar el Pacto de Toledo, que es una pieza clave para que el sistema sea sostenible, viable y sea potenciado en su conjunto".

A este respecto, ha criticado que "no se cuenta con la comisión del Pacto de Todelo", con lo que "se ha vulnerado el acuerdo político y el acuerdo social". "Nunca en la historia de España habíamos conocido que en un tema tan importante como la garantía de las pensiones, un Gobierno se atreviera tanto", ha censurado.

Según ha opinado, "el Gobierno tiene la legitimidad de una mayoría absoluta, pero no puede utilizarla en el sentido de no dialogar o de imponer y de legislar en este país a través de reales decretos y no a través de reformas de leyes que fueran necesarias en su momento".

El sistema de pensiones, ha expuesto López, "tiene tensiones porque tiene menos ingresos", algo que ha achacado a que "el Gobierno se obceca en las medidas de recorte, como la disminución del salario de los trabajadores, la congelación del Salario Mínimo Interprofesional en 2012, y la aplicación de la reforma laboral, con la destrucción de un millón de afiliación en un año".

"Nuestro sistema de pensiones necesita la retirada automática del Real Decreto y de la reforma laboral, que está empezando a crear tensiones en el sistema público de pensiones", ha asegurado López.

Rechazo a compatibilizar jubilación y trabajo

Entre otros aspectos del Real Decreto, López ha señalado que la norma "apunta a compatibilizar jubilación y trabajo", una medida a la que UGT se opone. "No podemos entender cómo, sobre todo en un momento de crisis, se puede permitir que un Gobierno potencie que nuestros mayores, cuando lleguen a los 65 ó 67 años, puedan seguir trabajando al 50 por ciento y los jóvenes sigan en casa", ha criticado.

Asimismo, ha negado que se consiga "ahorrar" con estas medidas y ha rechazado "la excusa del Gobierno de que ahora hay un ratio de afiliados-pensionistas muy bajo". "Ahora, que hemos perdido un millón de cotizantes en un año, estamos en un ratio de 2,32 afiliados por cada pensionista", ha asegurado.

Además, ha puesto de relieve que "España cuenta con unas pensiones de las más bajas, por debajo de la media europea, por lo que no tiene ninguna justificación como para acometer ninguna medida que suponga lesionar aún más a los pensionistas".

Sistemas de pensiones privados

Por otro lado, preguntada por si tiene la impresión de que son medidas encaminadas a animar a suscribir pensiones privadas, López ha indicado que "toda reforma que quiera tensionar el sistema público de pensiones pueden ir muy encaminadas a potenciar los sistemas privados".

Según López, "el sistema privado es el que realmente ha tenido una tensión, por lo que es muy temerario que el Gobierno anime a esto". "Lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar el sistema público de pensiones que es el garante de potenciar una estabilidad económica a los pensionistas, a más de 8 millones de personas. Abocarlos a un sistema privado es muy peligroso", ha concluido.

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