El consejero de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, Francisco Rodríguez, ha expresado este martes en el Pleno del Parlamento la "voluntad" del Gobierno regional de "seguir trabajando" por el Cabildo de Arriba de Santander y desarrollar las obras previstas con motivo de la declaración de Área de Rehabilitación Urbana (ARU).

No obstante, Rodríguez ha admitido que existen "muchas dificultades", derivadas de la situación económica de crisis, aunque ha insistido que el Ejecutivo va a "trabajar todo lo posible" para "ayudar" a los vecinos y mejorar este céntrico barrio de la ciudad.

Según ha detallado, en respuesta a una iniciativa del Grupo Regionalista, que ha defendido su antecesor en el cargo, José María Mazón, su objetivo es aprobar el Plan Especial, para licitar después el proyecto. A continuación, ha añadido, se iniciarían las expropiaciones correspondientes, para lo que confían en que estén "de acuerdo la mayoría" de los propietarios.

Tras recordar que en diciembre de este año se acaba el plazo para la rehabilitación del 50% de las viviendas previstas del ARU del Cabildo, el consejero ha señalado que, teniendo en cuenta los plazos administrativos, es "imposible" acometer las obras.

No obstante, confía en que el Ministerio de Fomento apruebe una prórroga para esta actuación. Pero, en cualquier caso, ha señalado que este departamento está trabajando ya en el nuevo Plan de Vivienda, que incluye la recuperación de cascos antiguos. Además, ha añadido que la gestión de los ARUS es "complejísima".

El consejero ha apelado al trabajo conjunto de todas las administraciones implicadas en la mejora del Cabildo -Estado, Gobierno regional y Ayuntamiento de Santander-, para conseguir los mayores recursos posibles.

Por su parte, Mazón ha lamentado que barrios de la ciudad estén "abandonados y olvidados" mientras en otras zonas se hace "limpieza" sobre "limpio", ha dicho.

También ha opinado que el anterior gobierno PRC-PSOE tenía "mejores" relaciones con el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que el actual Ejecutivo del PP.

CONTRATOS

Por otro lado, Rodríguez Argüeso ha explicado, a preguntas del PRC, que los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria "están trabajando" en el informe que analiza la viabilidad legal de incorporar en los contratos de obras o servicios entre el Ejecutivo regional y las contratas una condición que garantice el cumplimiento por parte de estos últimos de sus obligaciones legales de pago con los subcontratistas.

El consejero ha señalado que ya existe un "primer informe" y confía en tenerlo concluido en mayo, cuando expira el plazo dado por el Parlamento de Cantabria al Gobierno regional para su elaboración.

Aunque el informe no está acabado, el consejero ha adelantado que no podrá haber una ley autonómica para obligar a las contratas que realizan obras o servicios para el Ejecutivo regional a que paguen en un plazo de treinta días a sus subcontratas, tal y como fija la Ley de Contratos con la Administración, hasta que no se apruebe, al menos, una directiva europea.

Plan de vivienda en tres meses

Por otra parte, el Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado una moción del grupo regionalista en la que se instaba al Gobierno de Cantabria (PP) a elaborar un Plan de Vivienda Autonómico en tres meses, una iniciativa que ha contado con el voto en contra del grupo 'popular' y la abstención de los socialistas.

El diputado del PP Julio Cabrero ha defendido que sería "irresponsable" llevar a cabo un plan autonómico sin que aún se haya aprobado uno a nivel nacional cuando "todos" los anteriores han sido financiados con cargo a los que se aprueban a nivel nacional.

Por su parte, el grupo socialista ha presentado una enmienda a la moción del PRC para instar al Gobierno regional a presentar en tres meses, no un Plan de Vivienda Autonómico sino una Ley de Vivienda, ya que, a su juicio, esa debe de ser la "prioridad". "Después hagamos los planes de vivienda que queramos", ha afirmado en el Pleno el diputado del PSOE Francisco Fernández Mañanes.

El PP se ha mostrado de acuerdo con el PSOE en considerar más prioritario la elaboración de una ley, más que de un plan autonómico, que regule también lo relativo a la vivienda de protección oficial, de la que Cantabria carece, algo que han achacado a los 16 años que han estado los regionalistas al frente del departamento de Vivienda y que, a su juicio, supone una "grave deficiencia".

Sin embargo, el diputado regionalista y exconsejero de Obras Públicas y Vivienda José María Mazón ha recordado que el Gobierno de Cantabria puede "regular por decreto" sin ser necesaria una ley. "No queremos dar prórrogas al Gobierno", ha afirmado Mazón, quien ha insistido en un plan autonómico que facilite el acceso a la vivienda e incentive la actividad económica en el sector de la edificación.

Mazón ha invitado al Ejecutivo a "arriesgarse" y a aprobar "ayudas sin miedo", a llevar medidas que faciliten el pago aplazado o a plazos para favorecer el acceso de la vivienda de protección oficial y también a abaratar más sus precios.

En contraposición, Cabrero ha enumerado las medidas llevadas a cabo por el PP, entre otras la creación del Observatorio de la Vivienda, que, según ha dicho, se pondrá en marcha este ejercicio; o los 5 millones de euros en ayudas a la vivienda que se están tramitando en 2013 en Cantabria.