El Gobierno reconoce que el decreto sobre preferentes —que incluye la previsión de una derrama de entre 1.500 y 1.900 millones de euros de las entidades bancarias al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para poder dar liquidez a las participaciones de entidades nacionalizadas— provocará una reducción del crédito en un primer momento, pero confía en que a la larga consiga una mejora de la confianza y de la estabilidad del sistema financiero.

Así lo asegura en la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo y que será convalidado por el Pleno del Congreso el próximo jueves.

Según dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el decreto "responde a la motivación de abordar con urgencia diversas necesidades surgidas en el ámbito financiero que, por distintos motivos, requieren una actuación inmediata".

Hace falta una solución "inmediata"

Entre otras cosas, se busca una solución "inmediata" al problema de los productos financieros híbridos como las preferentes o la deuda subordinada que fueron comercializados de forma irregular entre pequeños ahorradores. Para ello, se prevé que el FGD aporte liquidez al canje de estos títulos en las entidades nacionalizadas que no están en bolsa, lo que hace necesario una "contribución especial" de las entidades financieras al fondo.

Esta derrama se elevará al 3 por mil de los depósitos computables de las entidades con lo que la cuantía final alcanzará entre 1.500 y 1.900 millones de euros con los que comprar esos títulos.

"Es cierto que la introducción de una contribución extraordinaria supondrá un esfuerzo adicional del sector bancario que podría tener un efecto reductor del crédito. No obstante, trae causa de una ampliación de las atribuciones del FGD que incide en una mejoría de la estabilidad financiera y una mayor confianza del inversor", explica el Gobierno.

Central de información de riesgos

Por otra parte, se dará cumplimiento a uno de los compromisos aceptados por España en la firma del Memorandum de Entendimiento (MoU) para el rescate financiero con la modificación de varios artículos de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero de 2002 para "permitir que el Banco de España pueda fijar umbrales de declaración distintos en función de las diferentes finalidades —supervisión o registro de información— de la Central de Información de Riesgos (CIR)".

El CIR es un servicio público que recaba de las entidades financieras, de las sucursales en España de las entidades de crédito extranjeras, de los FGD o sociedades de garantía recíproca, entre otras, información sobre los riesgos de crédito para permitir una supervisión prudencial.

Así, ahora el Banco de España podrá modificar los umbrales a partir de los cuales es obligatorio declarar ciertos datos a efectos informativos dentro de las funciones de supervisión e inspección que tiene, incluidos datos basados en previsiones de las entidades; y los que definen cuándo hay que suministrar información para facilitarlos a las entidades declarantes para el ejercicio de su actividad.

Finalmente, el decreto aborda otras modificaciones en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados para que las aseguradoras españolas "puedan competir en igualdad de condiciones con (sus homólogas) de otros estados miembro, que pueden utilizar las agencias de suscripción en la mediación de seguros".