El Partido Popular ha presentado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) una proposición no de ley en la que se reclama al Gobierno regional socialista que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias para proteger al colectivo de miles de asturianos damnificados por el instrumento financiero de las obligaciones subordinadas.
La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ya adelantó que espera que se llegue a "decisiones certeras, respetuosas y solidarias con los ahorradores, que sin duda deben ser prioritarios, y que a partir de ahí se puedan conciliar los intereses de los inversores con los de las entidades financieras".
Según ha informado el PP a través de una nota de prensa, la diputada regional Emma Ramos, ha destacado que este es el "mayor engaño financiero" que se ha producido hasta el momento, al incidir, especialmente, en personas mayores, con poca o reducida formación financiera y económica, convirtiendo en inversores de riesgo a simples depositarios bancarios.
Así, Emma Ramos señala que es "imprescindible" atajar la "alarma social" que se ha producido y dar respuesta a la indignación del colectivo de afectados.
En la iniciativa parlamentaria del Partido Popular se reclama también al Gobierno regional socialista que refuerce el papel de las autoridades de consumo del Principado, para garantizar un mejor arbitraje en la propuesta de canje por acciones de estos productos financieros.
La parlamentaria popular destaca la preocupación del Gobierno de la Nación por esta situación, con la aprobación de un Real Decreto, el pasado 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión, como las participaciones preferentes y de deuda subordinada, en el que se articulan medidas para realizar un seguimiento de los procesos de arbitraje y se establecen, con carácter excepcional, mecanismos de liquidez para el canje de estos productos.
Emma Ramos recuerda que el próximo 16 de mayo Liberbank saldrá a Bolsa como parte de su proceso de recapitalización, canjeando sus participaciones preferentes y deuda subordinada por nuevas acciones. "Se plantea el temor sobre esta propuesta de canje sin quita de las subordinadas, así como las potenciales pérdidas que se pueden producir en la medida en que se intercambian productos tóxicos", resalta Emma Ramos.
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