La junta directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha emitido este miércoles un comunicado en el que muestra su preocupación por el futuro energético del archipiélago en relación al trámite del proyecto de ley del Ministerio de Industria sobre el suministro eléctrico en relación a los sistemas insulares y extrapeninsulares.

Asimismo, han mostrado su preocupación ante el estado generalizado de "inseguridad jurídica" que se derivaría de la aprobación del proyecto de ley y que inciden "supone la paralización de inversiones ya iniciadas por un coste que superan los 300 millones de euros, al modificarse sin previo aviso" las condiciones iniciales de los diferentes concursos o que afectan, subrayan, a la ejecución de expropiaciones "forzosas sobre derechos que fueron en su momento consolidados mediante concurso público".

Para CCE este tipo de actuaciones dejan al sector eléctrico canario en una situación "muy comprometida", además de poner "en peligro la garantía" de suministro eléctrico en un territorio que califican, en un comunicado, de "especialmente frágil".

Al respecto, la Confederación Canaria de Empresarios matizó que aunque apoyan que se fomente la competencia, la mejora técnica y la eficiencia económica en el abastecimiento de energía eléctrica en Canarias, también subrayan que "no pueden acometerse cambios estructurales de este calado" sin la participación de los agentes políticos, económicos y sociales del Archipiélago.

De esta forma, y en relación a algunas de las medidas que recoge el proyecto, y afirman que plantean "serias dudas sobre su eficacia", e indican que les preocupa las acciones previstas para "favorecer la entrada de nuevos operadores e impedir al mismo tiempo el acceso del actual suministrador" a la actividad de producción en futuras instalaciones, ya que inciden en que esto supondría la paralización de proyectos de infraestructura que ya están en marcha.

En cuanto a la transmisión forzosa de las instalaciones de bombeo al regulador del sistema, indican, que generaría una "situación de monopolio" para este tipo de instalaciones en Canarias "en beneficio de un agente que, según el ordenamiento jurídico español y comunitario, no podría ejercer dicha actividad, al establecerse que el mismo operador no puede asumir la regulación, el transporte y la generación de energía".

También considera que se compromete la seguridad en el suministro energético con medidas como la limitación a la inversión de agentes con más de un 40 por ciento de potencia en un sistema, así como con la paralización "indefinida de proyectos vanguardistas y ecosostenibles internacionalmente reconocidos", ente los que citó los de Gorona del Viento, en El Hierro, o Chira-Soria, en Gran Canaria.