La Cámara aprueba una iniciativa para reconocer el rol de los ayuntamientos y su labor con los servicios públicos

La Cámara autonómica ha dado luz verde a dos puntos de una iniciativa del PSdeG en la que se reconoce el papel que desarrollan los ayuntamientos y por los que insta a trasmitir a estas entidades locales y a sus vecinos el "apoyo y reconocimiento por la labor que han realizado para mantener vivo el territorio y los servicios públicos".

Así, el Parlamento insta al Gobierno a "reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, la democracia y la cohesión social". Estos elementos, reza el texto aprobado, "han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales básicos, descentralizados y de proximidad".

Sin embargo, ha quedado fuera del consenso parlamentario la petición de solicitar la retirada del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local por parte del Gobierno gallego del Estado, como se reclamaba en la iniciativa defendida por la socialista Beatriz Sestayo.

Precisamente, durante el debate —celebrado este martes— la impulsora de la propuesta criticó que se va a pasar "de un Estado bolchevique (en referencia a una mención anterior por un diputado del PP) a la España una, grande y libre" con esta reforma local.

"Esta ley tiene que ser retirada de la circulación cuanto antes", subrayó la nacionalista Tereixa Paz, quien abundó en que esta reforma "no va a llevar a un estado bolchevique, sino al franquista", porque los alcaldes "tendrán que volver a mendigar" antes a los gobernadores civiles y ahora "a las diputaciones".

Por su parte, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, considera que con esta reforma el PP "da un golpe de estado al texto constitucional", mientras que la popular Paula Prado destacó que la Xunta y la Fegamp han presentado alegaciones al texto para preservar las peculiaridades de Galicia.

RECHAZO

Por otro lado, ha sido rechazada una iniciativa defendida por el diputado de AGE que pedía que el Estado "no demonizase la solidaridad y que se salve de la criminalización a la hospitalidad" de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, así como se retire un artículo del anteproyecto de la reforma del código penal sobre el auxilio a estas personas.

Para Ron, que ha defendido estas iniciativas a propuesta del Foro Galego da Inmigración, es preciso adoptar estas medidas porque habrá "inseguridad jurídica" para quienes atiendan a estas personas, pero la diputada del PPdeG Paula Prado ha argumentado que la reforma no endurece las penas, sino que se centra en la acción criminal como trata de blanca o explotación.