El BNG ha realizado la "consulta formal" a la Unión Europea sobre la construcción de un dique flotante en las instalaciones de Navantia Ferrol que no hicieron el Gobierno central y la Xunta de Galicia por "dejadez e irresponsabilidad política".

La eurodiputada Ana Miranda ha presentado una pregunta al Parlamento Europeo dirigida al Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, en la que solicita que se informe si existe algún impedimento en la legislación comunitaria para los gobiernos español o gallego, sea directamente o a través de una empresa pública como la SEPI, para la construcción del dique flotante en Ferrol destinado a la reparación naval.

Asimismo, pregunta si la Comisión Europea considera que la construcción del dique, por el Gobierno, la Xunta o una empresa pública estatal, podría ser considerada una ayuda del Estado contraria al derecho comunitario. También pide que se informe de las gestiones realizadas por el Estado español para levantar el veto a la construcción naval civil en Navantia Ferrol.

"Desde la Consellería de Presidencia, Alfonso Rueda admitía sin rubor que no se hizo ningún contacto formal con la Comisión Europea", ha dicho Miranda, sobre la construcción del dique flotante. Además, en rueda de prensa, afirmó que "pese a esta irresponsabilidad política se dio por buena la versión de que existía un veto de la UE.

"Es la consulta formal que el Gobierno y la Xunta de Galicia no hicieron por irresponsabilidad política", ha añadido. Ana Miranda ha acusado al Gobierno gallego de actuar como "mero espectador" ante la construcción de una infraestructura que permitiría la creación de empleo en la comarca de Ferrolterra.

ENTREVISTA

El BNG solicitará, además, una entrevista con el comisario de la Competencia para pedirle que considere que existe una situación excepcional que avalaría el levantamiento del veto a la construcción naval civil, vigente desde 2005 hasta 2015.

Precisamente, ha recordado que en el artículo 17 de los acuerdos firmados en 2005 que dieron pie a la creación de Navantia tras la disolución de la antigua Izar, en el que se planteaba la posibilidad de negociar el veto en caso de que se produjesen hechos relevantes o excepcionales.