Los Servicios Jurídicos del Gobierno determinarán la acción política o administrativa de esta Administración en el caso del cártel del asfalto.

Así lo ha afirmado este lunes a preguntas de la prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ha explicado que el Gobierno está estudiando los dictámenes de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y cuando disponga que ese análisis adoptará las medidas que los Servicios Jurídicos "consideren obligadas".

En este sentido, Diego ha precisado que el Gobierno se ve "obligado" a este estudio por el contenido del auto, que ha impuesto multas por un importe total de más de 12 millones de euros a once empresas por llegar a acuerdos para repartirse el mercado del asfalto en Cantabria, y serán sus Servicios Jurídicos quienes "determinen la acción política o administrativa que se debe llevar a cabo" por parte del Ejecutivo.

El consejo de la CNC considera acreditada la existencia de diversos acuerdos anticompetitivos alcanzados por las empresas imputadas que habrían mantenido su vigencia desde 1998 hasta, al menos, abril de 2011 y habrían afectado a más de 900 obras en el ámbito geográfico de la comunidad autónoma.

Fuentes de la CNC han explicado que, en este tipo de casos, normalmente las empresas piden la suspensión de la ejecución de la resolución hasta que se dicte sentencia. Por lo general, la Audiencia concede la suspensión del pago de la multa, pero ordena a las recurrentes la constitución de un aval que garantice el pago de la multa en caso de que se desestime su recurso.

En los casos de Ascan, SENOR y Emilio Bolado son responsables por segunda vez de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque la CNC indicó que el hecho de que el procedimiento administrativo correspondiente a la anterior infracción no hubiera sido resuelto al tiempo de los hechos actualmente sancionados impide la toma en consideración de dicha circunstancia como agravante.

En concreto, se trataba de un cártel de reparto de mercado muy elaborado, entre un grupo de empresas denominadas colectivamente G5 (SENOR, Arruti, Emilio Bolado y Acansa, Asfin y Ascan), en el que, al menos desde 2006 a 2010, se acordaba el reparto del mercado del asfalto en Cantabria mediante el reparto tanto de las obras licitadas por organismos públicos, fundamentalmente el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento, como de las ofertas realizadas por clientes de carácter privado y las ventas del asfalto directamente en planta.

Asimismo, el organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós, señala que se ha podido acreditar también la existencia de una serie de acuerdos complementarios de los del G5 y necesarios para implementar los mismos, u otros que pudieran existir entre las empresas, relacionados con licitaciones a organismos públicos realizados entre SENOR, Arruti Emilio Bolado y Acansa, Asfin, Ascan, Construboc, INOR, HTR, Cuevas y Siec, desde 1998 hasta al menos 2011.

Estos consistían en la colusión para la presentación de ofertas a licitaciones públicas relacionadas con la construcción y mejora de vías públicas en la comunidad cántabra y proximidades.

Los acuerdos llevados a cabo en el seno del G5 se refieren a todo tipo de procedimiento de adjudicación de obras que se llevaban a cabo en la Administración y fuera de ella, mientras que los acuerdos de acompañamiento normalmente eran necesarios para el reparto de las obras correspondientes a procedimientos negociados normalmente sin publicidad y contratos menores.