La Junta de Andalucía presentará este lunes ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad anunciado contra tres normas del Gobierno central que considera un "ataque" al sector de las energías renovables con especial incidencia en la comunidad autónoma, entre ellas la suspensión de incentivos económicos a nuevas instalaciones que "deja en el aire" una inversión cercana a los 12.000 millones de euros y la creación de 40.000 empleos en Andalucía.

Será el propio consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, el que acuda al TC para registrar el recurso andaluz, que se dirigirá contra la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social (que incluye disposiciones relativas al sector energético) por considerar que vulnera los artículos 9.3 y 86 de la Constitución.

Para la Junta, La Ley 15/2012, que crea nuevas figuras tributarias y grava con un tipo único del 7 por ciento los ingresos por generación eléctrica, afecta especialmente a las firmas del sector de las renovables, que ahora suman esta penalización a la supresión de los incentivos ya impuesta por el Gobierno central en enero del pasado año.

La Junta entiende que la creación del impuesto, que además podría repercutir finalmente en el consumidor, no tiene en cuenta las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, y sitúa su tasa de rentabilidad en valores que impedirán a los promotores devolver la deuda financiera que asumieron en un marco retributivo muy distinto al actual.

El Gobierno andaluz subraya que el nuevo tributo es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la Unión Europea y vulnera los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. A su juicio, el cambio normativo por vía de urgencia crea una situación de incertidumbre en el régimen jurídico del sector, así como entre los operadores y los ciudadanos, mientras que, en cuanto a la confianza legítima, el afán recaudatorio de la medida supone la quiebra de las inversiones que las empresas realizaron al confiar en un marco regulatorio estable.

Respecto al Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, la Junta expone que sustituye el IPC, con el que anualmente se actualizaba la retribución de los productores de energía eléctrica, por el IPC de inflación subyacente, que no contabiliza alimentos no elaborados ni productos energéticos y que suele ser más bajo (1,58 por ciento frente a 2,25 por ciento el pasado año).

Además, entiende que en sus tres primeros artículos y en su disposición adicional única, esta norma suprime la libertad de elección de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada.

"no hay extraordinaria ni urgente necesidad"

Según la Junta, esta decisión no responde a la "extraordinaria y urgente necesidad" que el artículo 86 de la Constitución Española exige para utilizar la figura del Real Decreto-Ley. Asimismo, señala que tanto el cambio del sistema de retribuciones desde el 1 de enero de 2013 como su aplicación retroactiva a las instalaciones que han estado operando hasta la entrada en vigor de la norma vulneran los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derecho.

La tercera de las normas que se recurrirán, el Real Decreto-Ley 29/2012, según expone la Junta, exige con efectos retroactivos nuevos criterios a proyectos que se han sometido a una tramitación distinta para ser autorizados e inscritos en el registro administrativo de instalaciones de producción de régimen especial. Esta medida, recogida en el artículo 8, también contraviene tanto los principios de seguridad jurídica e irretroactividad como el principio constitucional de extraordinaria y urgente necesidad.

A juicio del Gobierno andaluz, el objetivo de paliar el déficit tarifario es una situación mantenida en el tiempo, por lo que no concurre la condición de inmediatez exigida para la utilización del Real Decreto-Ley.

El Gobierno andaluz subraya que las medidas impuestas en las nuevas normas estatales se trasladarán a los mercados eléctrico y gasista, con un incremento de los precios resultantes que inevitablemente repercutirá en la factura que pagan los ciudadanos. Además, indica que las principales actividades perjudicadas serán las de la energía termosolar, que concentra en Andalucía el 61 por ciento de la potencia total instalada de España, y la biomasa, en la que también es líder.

Este será el quinto recurso promovido en lo que va de legislatura por el Ejecutivo andaluz ante el TC contra decisiones del Gobierno de la Nación. La Junta ya ha llevado ante el alto tribunal el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia sanitaria, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, la nueva regulación estatal de horarios y rebajas comerciales y la Ley de Tasas Judiciales que entró en vigor el pasado mes de diciembre.