Iseco denunciará al Gobierno ante la UE si no emprende medidas contra el cártel del asfalto

Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha anunciado este viernes que denunciará al Gobierno de Cantabria ante el Comisario de la Competencia de la Unión Europea si no emprende acciones inmediatas contra las cinco empresas constructoras que organizaron un cártel para la fijación de precios y repartirse el mercado del asfalto.
Renovación de asfalto
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Renovación de asfalto

Izquierda Social y Ecologista (Iseco) ha anunciado este viernes que denunciará al Gobierno de Cantabria ante el Comisario de la Competencia de la Unión Europea si no emprende acciones inmediatas contra las cinco empresas constructoras que organizaron un cártel para la fijación de precios y repartirse el mercado del asfalto.

Iseco ha expresado su "estupor y desconfianza" ante la "pasividad" de las instituciones regionales ante "un hecho tan grave como que, durante muchos años, unas empresas hayan perjudicado a las arcas públicas y paralelamente puedan haberse enriquecido ilícitamente".

"¿Por qué el Gobierno pasa de puntillas sobre un asunto que le ha podido costar millones de euros a Cantabria y sin embargo no le tiembla el pulso a la hora de recortar derechos sociales y laborales al conjunto de la población?", pregunta Iseco en un comunicado de prensa.

El colectivo recuerda que, según la Comisión Nacional de la Competencia, las empresas SENOR, ARRUTI,

Emilio bolado, ASFIN y ASCAN crearon un cártel "para pactar de forma secreta unos mecanismos dirigidos a perjudicar a la hacienda pública y a abultar artificialmente alrededor de un 20% el importe de los contratos".

Iseco considera que el Gobierno "tiene la obligación de exigir con todos los medios a su alcance que las empresas devuelvan el dinero de los cántabros". La cooperativa política también pide a PP, PRC y PSOE que "cumplan con su deber de representar el interés general y promuevan en el Parlamento una comisión de investigación para detectar las deficiencias del sistema de contratación que utiliza el Gobierno regional y depurar responsabilidades políticas si las hubiese".

Por último Iseco considera que el Parlamento "debe actuar para atajar cualquier sospecha de que el caso pueda estar relacionado con la financiación ilegal de partidos, porque resulta alarmante que el fraude se haya estado produciendo durante un largo periodo de tiempo y sin que ni el Gobierno ni los Ayuntamientos percibieran el engaño", teniendo que ser una denuncia anónima la que impulsara la investigación, concluye.

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