El responsable de gestión económica y presupuestos en el Ayuntamiento de Ourense hasta el año 2011, Benigno A. A., explicó en el juzgado que las facturas del servicio de atención domiciliaria denunciadas por posibles irregularidades tenían las firmas de técnico y concejala, por lo que las consideró "veraces y conformes" y afirmó que no contenían ninguna "irregularidad formal" ni "ningún elemento para sospechar que fuesen falsas".

El juzgado de instrucción número 2 de Ourense acogió en la mañana del miércoles la declaración del gestor económico del Consistorio en 2008 Benigno A.A., del asesor jurídico Luis María T. de I. y la responsable en aquel momento del servicio de contratación María José O.B., todos ellos en calidad de testigos y ante los abogados de todas las partes personadas.

En las declaraciones, a las que tuvo acceso Europa Press, el gestor económico explicó que era frecuente en el Ayuntamiento de Ourense que las facturas presentadas para pagar no entrasen por registro y que por eso el Gobierno municipal estableció desde 2010 que ese trámite fuese obligatorio, pero no antes.

Tramitación mejorada

Señaló además que el trámite seguido por las facturas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Troncoso-Saludgest Servicios Sociosanitarios, que prestaba el servicio, era similar al seguido por la concesionaria anterior Eulen-Euxa aunque después de ésta, el procedimiento se fue mejorando.

Explicó toda la tramitación de las facturas, desde que entran hasta que se pagan y el testigo, con cinco trabajadores a su cargo en aquel momento, detalló que su equipo era el responsable de que se cumpliesen los plazos de pago, aunque la fiscalización correspondía al interventor.

Además, recordó que las facturas eran veraces y conforme cuando tenían dos firmas, la de la concejala Marga Martín y la de la funcionaria del servicio municipal, pues es la funcionaria la que certifica que la factura se ajusta a la realidad y la concejala la que da el visto bueno para que siga su trámite.

Cuando se conoce el importe del gasto del servicio, la concejalía de bienestar solicita la retención de ese dinero antes de aprobar la factura y así se hizo con las denunciadas, llamadas 'facturas de regularización' y que incluían importes de horas y desplazamientos que, según el gestor económico, se calcularon con un método correcto.

El contrato se anuló de mutuo acuerdo

Los abogados presentes en las declaraciones preguntaron a los testigos sobre la resolución del contrato, antes de que terminase la concesión, y explicaron que se informó solo desde la asesoría jurídica, pues la responsable de contratación, también testigo, estaba de vacaciones en ese momento.

Respecto a esa resolución y la posterior prestación del servicio durante un año, sin contrato, hasta el siguiente concurso público, los testigos explicaron que se hizo el proceso de la forma menos problemática, aunque no se contase con contrato, pues se hizo de mutuo acuerdo entre la UTE y el Consistorio.