El PP cree que es una "deslealtad" que el PSOE haya presentado a debate en el Pleno del Congreso una moción que recoge su propuesta de solución al problema de las participaciones preferentes cuando ambas formaciones ya habían llegado a un acuerdo sobre este asunto.

Así lo ha puesto de manifiesto la diputada Irene Garrido, quien ha anunciado que el Grupo Popular votará en contra de la moción al considerar "una deslealtad" que, tras "fijar una posición conjunta de creación de una comisión" los socialistas "intenten buscar el rédito político" en lugar de "resolver los problemas con voluntad de diálogo".

No obstante, ante el retraso en la constitución de dicha comisión de seguimiento de los arbitrajes —que según el acuerdo debía definir el perfil de ahorrador estafado—, Garrido ha recordado que es "fundamental ponerla en marcha" para poder "poner a disposición de los afectados mecanismos que señalen de forma inmediata la no idoneidad" y que se conviertan dichos títulos en "productos de asegurada e inmediata liquidez".

"Quedan muchos afectados por atender y, para hacerlo, es necesario dotar a las autoridades de consumo de medios económicos para revisar todos los expedientes, incluidos los de ahorradores de Bankia a quienes se obligó al canje por acciones", ha añadido, recordando no obstante que el Gobierno ha adoptado medidas para evitar que esta situación se pueda repetir en el futuro y asegurando que "todos" quieren que se depuren responsabilidades entre los responsables de esta situación.

Sin comisión el gobierno contribuirá al engaño

Por su parte, el socialista Antonio Hurtado ha defendido la moción, en la que pide al Gobierno que ponga en marcha la comisión pública que deberá definir qué ahorradores se pueden acoger al arbitraje y supervise el procedimiento, y que se cubra con deuda pública la devolución de los ahorros en las entidades nacionalizadas. En este sentido, ha recordado que éste fue el tenor del acuerdo alcanzando entre PP y PSOE y que el Gobierno ha incumplido.

"Nos negamos rotundamente al canje por acciones que hoy valen un céntimo. Y nos negamos a un arbitraje dirigido por la propia entidad y excluyente para la gran mayoría de engañados", ha añadido, exigiendo que los estafados puedan recuperar la totalidad de sus ahorros y que se aplique la solución acordada también a quienes ya canjearon sus títulos por acciones.

Además, ha alertado de que de no seguirse estas líneas de resolución el Gobierno habrá contribuido al "engaño" a los ciudadanos, al mantener una situación derivada de una "mala gestión" y de una "comercialización inadecuada y fraudulenta". "Nos hemos echado las manos a la cabeza cuando se ha metido la mano en el bolsillo de los pequeños ahorradores en Chipre, pero eso se va a producir en España si Bankia y otras entidades efectúan el canje obligatorio, con una quita del 40%", ha zanjado.

Que paguen los responsables

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha avanzado el apoyo de su grupo a la moción, porque es "imprescindible" garantizar a los afectados por esta "estafa" la "recuperación —con diferentes fórmulas pero siempre con liquidez— del 100% de sus ahorros".

Sin embargo, cree que dado que los "primeros responsables" de este problema son los directivos de las entidades —aunque con "cómplices necesarios" como los tres últimos gobiernos o los supervisores— sean éstos, y no la deuda pública, los que cubran con su patrimonio la devolución de las inversiones a los estafados, o estudiar la posibilidad de que intervenga el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

"El dilema no puede ser que o paguen las víctimas de la estafa o el conjunto de los ciudadanos. Si no, se incentivaría que los responsables de la situación se vayan de rositas y continúen actuando impunemente", ha añadido, avisando al Gobierno de que si no soluciona este problema ahora podría tener que hacerlo más adelante por imperativo del Tribunal de la UE.

Resolver el problema ya

También el PNV votará a favor. Su portavoz económico, Pedro Azpiazu, ha recordado a los diputados que éste "es el momento de las soluciones y no tanto de las palabras" y ha recomendado "dejar de marear la perdiz y adoptar medidas que resuelvan los problemas". "Apostemos, como la Defensora del Pueblo, por un arbitraje universal para todas las entidades intervenidas y que integre a todos los afectados", ha reclamado.

Alfred Bosch, de ERC, ha anunciado el voto a favor de la moción porque "es un paso adelante" aunque ha reconocido que en el texto echa en falta "que se tenga en cuenta la dimensión local" del problema, dado que las preferentes fueron comercializadas por cajas de ahorros vinculadas a territorios que ahora son "la última preocupación" para los bancos en los que se han integrado.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha defendido la necesidad de dar una "solución global y satisfactoria" para todos los afectados, lo que a su juicio no pasa por un canje sino por la "recuperación del cien por ciento" de los ahorros.

Hay que depurar responsabilidades

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha coincidido en que este caso es "una estafa" en toda regla, tanto por la forma de comercializar los títulos como por entre quiénes se 'colocó'. Además, ha criticado que tanto el PSOE como el PP en las diferentes administraciones animaran la venta de estos productos.

Ante este problema se han aplicado "falsas soluciones" que han pasado por canjes voluntarios en los que ha habido "quitas" o cambios por productos de poca liquidez, o por arbitrajes "muy restrictivos" y controlados por las entidades. Por eso, ha presentado enmiendas a la moción para precisar que la devolución de la totalidad de los ahorros a los afectados se haga mediante "instrumentos líquidos", que no deben ser necesariamente depósitos; y que "se asuman responsabilidades por esta cadena de despropósitos".

Dudas sobre la moción

Inmaculada Riera, de CiU, ha expresado sus dudas acerca de algunos aspectos de la moción, como a qué entidades se debería aplicar —las nacionalizadas o las que han recibido ayudas públicas— y también ha recomendado que, antes de aprobar que la deuda pública financie las devoluciones se haga un "análisis precio del impacto y las consecuencias de esta medida" ante la actual situación económica.

Además, ha defendido la enmienda presentada por los nacionalistas catalanes, que defienden que se incluya en el proceso de arbitraje también a quienes ya han canjeado sus títulos por acciones, y articular "mecanismos eficientes" para resolver las reclamaciones a través de la colaboración entre la CNMV y los organismos autonómicos de consumo, con el objetivo de "llegar a acuerdos".

Al término del debate, un grupo de afectados que han seguido la sesión desde la tribuna han proferido gritos en contra de los arbitrajes. 'No queremos arbitraje, vergüenza, queremos nuestro dinero', han reclamado, antes de abandonar el Hemiciclo.

La moción se votará este jueves punto a punto —para permitir a los grupos pronunciarse individualizadamente sobre cada propuesta— y en sus términos originales, ya que el PSOE no ha aceptado ninguna enmienda.