La ausencia del abogado defensor del único acusado del doble crimen del Camino de Purchil, en Granada capital, en la noche entre el 1 y el 2 de abril de 2009, ha provocado este miércoles la suspensión de la que se preveía la última sesión del juicio, que se celebra con jurado en la Audiencia de Granada desde el pasado lunes.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el letrado no ha comunicado ni a la Sala ni al Colegio de Abogados que iba a faltar a la jornada de este miércoles, por lo que su ausencia ha sorprendido tanto al resto de partes personadas —Fiscalía y dos acusaciones particulares— como a la magistrada-presidenta del tribunal y a su propio cliente.

El abogado ha esgrimido como motivo para ausentarse una vez que ha sido localizado por teléfono que se encontraba en mala situación de salud y que había decidido no personarse en la sede judicial al haber recibido presuntamente amenazas por parte de las familias de los dos jóvenes fallecidos, cuyos cadáveres fueron encontrados en una ladera maniatados y con cocaína esparcida sobre sus cuerpos.

Las fuentes consultadas han señalado que esta situación podría motivar que el acusado decidiera finalmente renunciar a su abogado, con lo que la Sala tendría que disolver el jurado hasta la nueva designación de letrado, lo que podría demorar la finalización del juicio.

En la jornada de este miércoles estaba previsto que declararan algunos testigos y los peritos, y la lectura de las conclusiones definitivas de las partes y sus informes, con lo que se estimaba que el jurado pudiera emitir su veredicto de culpabilidad o no culpabilidad entre este jueves y viernes. La sesión se reanudará este jueves a las 9,30 horas, si el defensor sí se presenta en esta ocasión.

Las personas que presuntamente se encargaron de acabar con la vida de los dos jóvenes de etnia gitana, unos narcotraficantes colombianos, no han podido ser localizados, por lo que la Fiscalía sólo acusa en este caso a Raúl C.C., de 26 años, para el que solicita un total de 20 años de prisión, 10 por cada delito de asesinato en concepto de cómplice, la misma pena que piden las familias de los dos jóvenes, personadas como acusación particular.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, los fallecidos, identificados como J.F.C. y M.F.A., de 24 y 25 años respectivamente, se desenvolvían en ambientes de consumo y tráfico de estupefacientes, y en los años 2008 y 2009 habían contactado con traficantes de droga de origen colombiano, a los que en alguna ocasión habían conseguido robarles cocaína.

Ello originó que los colombianos decidieran acabar con su vida, "con el fin también de enviar un mensaje y evitar que terceras personas" les robaran de nuevo, según señala el fiscal.

El acusado Raúl C.C. también frecuentaba los mismos ambientes, y conocía a los dos jóvenes. Por ello, y al tener noticia de la intención de los colombianos, se puso en contacto con ellos y a cambio de recibir "una cantidad de cocaína o dinero" decidió facilitarles su "criminal propósito".

El plan que elaboraron consistía en que Raúl, con la excusa de realizar una operación de compra de droga a unos colombianos que venían de Madrid, conduciría a un lugar solitario a J.F.C. y M.F.A. para que los narcotraficantes acabaran con su vida.

Así, y de acuerdo con el plan convenido, sobre las 23,30 horas del día 1 de abril de 2009 Raúl condujo y acompañó a ambos por el Camino de Purchil de Granada a un camino de tierra paralelo al río. Al llegar a ese lugar, los narcotraficantes colombianos que no han sido identificados aparecieron y dispararon a quemarropa cuatro disparos en la cabeza de los dos jóvenes, dos a cada uno de ellos, causándoles la muerte. Asimismo, a modo de "mensaje" para las personas que se mueven en esos ambientes, espolvorearon 30 gramos de cocaína sobre el cadáver de uno de ellos.

La Fiscalía atribuye al único inculpado dos delitos de asesinato en concepto de cómplice por los que, además de 10 años de pena de cárcel por cada uno de los dos delitos —en total 20 años—, solicita el pago de indemnizaciones por valor de 236.000 euros, 100.000 a cada esposa de los fallecidos y el resto a sus padres.