El dueño de Comecial Asturiana de Papelería S.A. (Igrafo), Víctor Muñiz, ha negado este miércoles que recibiese ningún trato de favor por parte de la administración asturiana en los procesos de contratación por homologación o contratos menores, asegurando que "el único secreto" para su predominancia en el sector era la eficacia de sus servicios.

Durante su declaración ante la comisión parlamentaria que investiga el 'Caso Marea', Muñiz ha hecho referencia a la "larga trayectoria" de la empresa, que con 80 puestos de trabajo directos, realizó "un importante y constante esfuerzo inversor", disponiendo de más de 22.500 artículos catalogados por el Principado con tiempos de entrega inferiores a las 24 horas. "Ese ha sido el único secreto", ha dicho acogiéndose a su derecho a no responder preguntas por estar imputado en la causa.

Víctor Muñiz ha remarcado que entre su empresa y Almacenes Pumarín aglutinaban más del 80 por ciento del personal del sector, disponiendo de más medios materiales, personales y financieros para competir. De este modo, ha lamentado que Igrafo haya tenido que "cerrar sus puertas vapuleada públicamente sin juicio".

En este sentido, ha comentado que solo le queda la mínima satisfacción de haber podido liquidar a sus trabajadores sin necesidad de acudir al Fogasa. "39 años de trabajo y prestando servicio a la administración liquidados en pocos meses", ha dicho, apuntando que confía en que se demuestre su inocencia aunque cree que la respuesta judicial "será tardía" y los daños causados "irreparables".

Con todo, ha calificado de "injusta" la criminalización que se ha hecho de prácticas que no pasan de ser "poco ortodoxas" aunque, incide, "arraigadas y comunes a todas las administraciones gobierne quien gobierne". De este modo, ha calificado de "inexacto" lo que se ha dicho sobre presuntas facturas simuladas, instando a los políticos a que resuelvan las deficiencias en los controles y reclamando su derecho a la "presunción de inocencia".